Ya está. La reforma constitucional de Santa Fe, tantas veces mentada, tantas veces frustrada, ya no es una idea o un proyecto. Es una realidad a la que este viernes solo le faltaba una parte no menor, porque es un marco para los acuerdos básicos de la convivencia en sociedad: el capítulo de Derechos y Garantías. Pero la sala de máquinas, esto es las normas, condiciones y mecanismos de funcionamiento interno del sistema político e institucional, ya fue reconfigurada y ahora empezará a ser montada.
Por supuesto que algunos cambios que se agregan a la Carta Magna son superficiales. Pero también hay otros, los que movilizaron todo este proceso, que rediseñan realmente la forma en que se organiza, distribuye y controla el poder en Santa Fe.
Por eso, su alcance excede la coyuntura y los nombres propios aunque Maximiliano Pullaro se beneficie de una de las principales modificaciones: los gobernadores, a partir de él mismo, podrán ser reelectos. Los mandatarios provinciales podrán repetir turno, si la ciudadanía lo decide, una sola vez. Lo mismo pasará con el resto de los cargos electivos de la provincia y de las ciudades, que antes tenían reelección indefinida. Eso es un límite que abrirá la puerta a una oxigenación de la política, si bien eso empezará a operar, en los hechos, en 2035.
Un nuevo esquema judicial con Ministerio Público extrapoder, la autonomía plena de los municipios, la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, la incorporación de la responsabilidad fiscal y la apertura a mecanismos de participación ciudadana son otras piezas de un engranaje que, en la práctica se verá realmente hasta dónde, cambia la forma de gobernar y administrar políticas públicas en Santa Fe.
Como se dijo, el proceso lo impulsó Pullaro y lo condujo Unidos. El frente gobernante, al sumársele los tres convencionales del Frente de la Esperanza, tenía mayoría y eso le hubiese alcanzado para imponer su propio proyecto. Pero no hubo una mirada única dentro del oficialismo y también hubo aportes de un sector de la oposición, fundamentalmente el peronismo, que entendió que solo con los pies adentro del plato podía jugar un rol de contrapeso para intentar impedir o al menos atenuar, al decir de la convencional Lucila De Ponti, que la nueva Constitución sea “un traje a la medida del gobierno”.
Los consensos que se alcanzaron son algo que celebra el oficialismo. La reforma constitucional sale con un importante nivel de apoyo: casi todas los cambios fueron votados por más de las dos terceras partes de los convencionales. El otro tercio, el granatismo y los libertarios, decidió bombardear el nuevo texto desde afuera. Llevarse solo el discurso. Acaso le sirva en tiempos de campaña, sobre todo a La Libertad Avanza, que disputa el mismo electorado que Pullaro. Pero el frente gobernante consiguió para la reforma del 25, seguramente el hito histórico más importante que quedará de su gestión, una legitimidad rara en tiempos de descrédito y fractura política. Con una construcción que tiene otra característica que lo pone contra la corriente de los vientos que corren a nivel nacional: un sesgo claro de defensa de lo público.
Es, en definitiva, una transformación institucional fuerte, que reconfigura el equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que también otorga nuevas llaves de poder a los municipios y a la ciudadanía, aunque si realmente abrirán puertas o no es aún algo incierto. Lo que Santa Fe aprobó no es un simple ajuste, sino un cambio estructural que ordenará la política provincial por las próximas décadas.
Vamos por partes:
Poder Ejecutivo y Legislativo
-Reelección por única vez.
-La reforma fija que todos los cargos electivos provinciales –gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y concejales– podrán ser reelegidos solo por un período consecutivo.
-Una cláusula transitoria establece que el primer mandato que cuenta es el que comienza después de la sanción de la reforma. Esto significa que Pullaro podrá postularse en 2027 y que los actuales senadores y diputados también tendrán la posibilidad de permanecer hasta 2035 si los vota la ciudadanía.
-Fin de la mayoría automática: se elimina el viejo premio que aseguraba a la lista más votada 28 de las 50 bancas, con la idea de asegurar la gobernabilidad.
-La Cámara de Diputados se integrará en adelante de manera estrictamente proporcional. Esto implica mayor fragmentación y obligará a los gobiernos a tejer acuerdos parlamentarios para alcanzar mayorías.
-Se amplía el período de sesiones ordinarias: será del 15 de febrero al 30 de noviembre.
-Fueros e inmunidades: la reforma acota los fueros de legisladores y funcionarios. Las inmunidades solo cubren opiniones y votos emitidos en el ejercicio del cargo.
-Los procesos judiciales ya no podrán ser frenados por el escudo de los fueros, aunque se mantiene el resguardo para garantizar la libertad de expresión parlamentaria. Para detener a un legislador, sí será necesaria la autorización la cámara a la que pertenece.
Justicia
-Cote Suprema: se mantiene el número de siete integrantes. Los ministros deberán cesar en sus cargos al cumplir 75 años. Esto abre un proceso de renovación de la Corte, que ya comenzó con tres nombramientos impulsados por Pullaro. Con la reforma constitucional terminada, el gobernador irá por la salida de los tres magistrados que superan la edad tope.
-Ministerio Público extrapoder
-El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el de la Defensa se convierten en un órgano extrapoder, separado de los tres poderes clásicos. Esto refuerza la autonomía de fiscales y defensores, aunque bajo nuevas reglas de control y selección. El fiscal general y el defensor general, cabezas de los organismos, serán designados por el gobernador con acuerdo de la Legislatura, sin que medie concurso público. Este es uno de los puntos por los cuales sí ven la Constitución a la medida de gobernador.
-Selección de jueces, fiscales y defensores. Un Consejo Asesor para la Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público realizará concursos públicos con jurados técnicos que confeccionan listados vinculantes. El gobernador podrá elegir candidatos solo de esas nóminas, que serán como una especie de banco de suplentes que agilizará la cobertura de vacantes. Con los cambios de último momento el oficialismo entiende que se quitó discrecionalidad al mandatario provincial. Pero la oposición cree que no el suficiente y que el hecho del que el órgano asesor quede dentro de la órbita del Ejecutivo le resta independencia.
-Tribunal de enjuiciamiento: se reemplaza el sistema actual en el que la Legislatura tiene poder exclusivo para disciplinar fiscales y la Corte domina el jury para los jueces. El nuevo tribunal de enjuiciamiento tendrá once miembros: tres diputados, tres senadores y cinco representantes de los estamentos judiciales. Si bien se especifica que tiene que haber participación de las minorías y lo presidirán los estamentos, sectores de la oposición y la Justicia cuestionan que haya supremacía política.
La era de las autonomías
-Municipios y punto: todo núcleo poblacional será municipio. Se consagra la autonomía municipal. Los municipios de más de 10 mil habitantes tendrán derecho a dictar su propia carta orgánica, que definirá su organización política e institucional.
-Financiamiento y créditos. Las ciudades de más de 200 mil habitantes podrán tomar créditos, con autorización de la Legislatura.
-Áreas metropolitanas e intermunicipales. Se crean las áreas metropolitanas y se fortalecen los mecanismos de cooperación intermunicipal. La Constitución reconoce formalmente este nivel de organización regional, clave para ciudades como Rosario y Santa Fe.
Caja de Jubilaciones y responsabilidad fiscal
-Sistema previsional: se declara que la Caja de Jubilaciones de la provincia es intransferible. Ningún gobierno podrá cederla a la Nación o privatizarla salvo que medie una nueva reforma cosntitucional. Se establece la garantía de movilidad para los haberes previsionales.
-Responsabilidad fiscal. La Constitución incorpora el principio de responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos públicos. Esto abre la puerta a discutir un recorte del presupuesto legislativo, en línea con el clima de época de mayor austeridad en el gasto político.
Participación ciudadana
-Iniciativa popular: los ciudadanos podrán presentar proyectos de ley que, si consiguen un piso de firmas, el Parlamento tendrá la obligación de tratar.
-Consulta popular: se incorpora la consulta popular, vinculante o no vinculante, como mecanismo de decisión directa en temas de interés general.
-Revocatoria de mandatos: se establece la posibilidad de revocar mandatos a través de un proceso regulado, bajo condiciones estrictas de convocatoria y votación. Como para convocar a que la ciudadanía se pronuncie se requiere la firma de un piso del 25 por ciento del padrón de la provincia, es decir más de 700 mil personas, parece un instrumento que difícilmente se llegue a utilizar.
-Audiencias públicas. La Legislatura y los municipios deberán convocar audiencias públicas para temas de alto impacto social, garantizando espacios de participación real.
Pequeña conclusión
La reforma constitucional que está a punto de ver la luz en Santa Fe no se limita a sumar derechos o actualizar cláusulas. Lo que se definió en la sala de máquinas es un nuevo esquema del poder provincial:
-Un Ejecutivo con posibilidad de continuidad, pero con menos poder en la Legislatura.
-Un Legislativo que pierde privilegios pero gradualmente y gana peso como órgano de control.
-Una administración de justicia más descentralizada, pero también más controlada.
-Municipios con autonomía real, aunque muchos creen que en los hecho eso solo significará un cambio real para Rosario y Santa Fe.
-Ciudadanos con herramientas para intervenir en la vida pública, aunque un umbral de exigencias alto.
Cómo se acomodará el sistema institucional a estos cambios es ahora otro partido por jugar. La rueda recién está por empezar a rodar.