La Convención Constituyente terminó de votar este jueves a la madrugada, con una mayoría que en la mayoría de los puntos superó los dos tercios de los presentes, el rediseño del Poder Judicial. Corte de 7 miembros que no se pueden quedar más allá de los 75 años, Ministerio Público extrapoder, nuevos mecanismos de selección y enjuiciamiento de jueces y fiscales, más la constitucionalización del Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, son los ejes del texto que ahora ingresa a la Carta Magna santafesina.
Unidos y Más para Santa Fe, y en algún punto también Activemos, articularon los acuerdos que pemitieron que, tal como ocurrió con los capítulos anteriores aprobados en el marco de la reforma constitucional, los consensos fueron amplios y con los mismos actores.
Así, se terminó de cerrar la nueva "sala de máquinas" de la nueva Constitución santafesina. Esto es, las normas, condiciones y mecanismos de funcionamiento interno del sistema político e institucional. Queda, para lo que resta de la semana, el capítulo de Derechos y Garantías, mientras que la semana que viene terminará el proceso constituyente con la lectura de todo el texto de a Carta Magna del 2025, su aprobación y la jura, que se realizará el viernes 12.
Los cambios en la Corte Suprema de Justicia obtuvieron 49 votos a favor y 19 en contra. Mientras que para la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo el resultado fue de 47 a 17 y 4 abstenciones del bloque Activemos. En cambio, la incorporación del Tribunal de Cuentas a la Carta Magna solo la aprobaron Unidos y sus aliados del Frente para la Esperanza: fueron 35 votos a favor, 21 en contra y 12 abstenciones del bloque Más para Santa Fe.
Esos tres temas se pusieron a consideración en una primera tanda de votación, dentro de una sesión que empezó tranquila con el pedido de disculpas del presidente de la Convención, Felipe Michlig, al libertario Nicolás Mayoraz por haber dicho el miércoles que lo quería "cagar a trompadas", pero que con el correr de las horas ganó aspereza y tensión.
Después de las 22.30 llegó el tiempo de definir sobre los otros asuntos, que también salieron con mayorías contundentes: la independencia y autonomía del Ministerio Público se aprobó por 46 a 21, número que se repitió para creación del Consejo Asesor para la Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público y también para el nuevo tribunal de enjuiciamiento de jueces y fiscales.
El consenso que se construyó en torno a casi todos los temas del capítulo judicial fue posible porque Unidos aceptó introducir modificaciones en los artículos referidos a los dos últimos temas: los mecanismos de selección y enjuiciamiento de jueces y fiscales. A modo de resumen, los cambios pasan por restar margen de discreción al gobernador en la selección de los aspirantes para cubrir vacantes, y por un mayor equilibrio de representación entre política y estamentos en los tribunales de enjuiciamiento de los funcionarios del Poder Judicial.
El rediseño de la Justicia es uno de los temas más complejos de la reforma constitucional. Las negociaciones para llegar a un acuerdo dentro del oficialismo en la comisión de origen –la “unidad hasta que duela” de la que tanto se habló en Unidos– fueron largas y trabajosas. Eso restó tiempo a la posibilidad de abrir el juego también a los sectores dialoguistas de la oposición, algo que quedó para la instancia de la comisión Redactora.
Más allá de que en las últimas horas se sumaron presiones cruzadas de los distintos actores involucrados, está claro que Pullaro quiere mostrar que en Santa Fe la reforma constitucional es fruto del diálogo y no de la imposición. Como en otros temas, los socios posibles eran los de origen peronista: Más para Santa Fe en primer lugar y también Activemos. La Libertad Avanza y Somos Vida decidieron jugar, como en toda la reforma, a la oposición irreductible y estridente, sin dejar abierto canal de negociación alguna.
Las modificaciones que se introdujeron en el dictamen de mayoría pasaron por que los listados que surjan de los concursos de aspirantes a jueces y fiscales, que se harían por anticipado para conformar una especie de banco de suplentes para cuando se produzcan vacantes, sean vinculantes y haya una "ponderación del mérito" de los postulantes. Eso, sostienen desde el oficialismo, "emprolija" el sistema y aleja sospechas de discreción por parte del gobernador. En este tema, Más para Santa Fe decidió acompañar, pero Activemos planteó que no era suficiente y veía la redacción como "poco clara". Otro punto que cuestionaban desde el sector que encabeza Marcelo Lewandowski es que el órgano en cuestión, que se llamará "Consejo de Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público", quedará bajó la órbita del Poder Ejecutivo.
En cuanto a los tribunales ad hoc para enjuiciamiento de jueces y fiscales, tendrán once miembros y no siete como se había planteado en el dictamen de mayoría de la comisión de origen. Serían tres senadores, tres diputados, dos abogados y dos colegas del funcionario enjuiciado (integrantes del MPA o magistrados), presididos -con facultad de desempate- por un miembro de la Corte si el acusado es un juez, la fiscal genera si es fiscal, o la defensora general si es defensor.
"Esta composición es más equilibrada, le da la presidencia al estamento y garantiza la presencia de minorías", explicó una fuente oficialista. Acá también hubo conformidad de Más para Santa Fe.
Sí hay un tema donde las diferencias resultaron insalvables. El peronismo quería atender el reclamo del gremio judicial para que los trabajadores del Ministerio Público (Acusación y Defensa), que se convertirá en órgano autónomo e independiente, puedan elegir quedarse en el Poder Judicial. Pero para el frente gobernante esa no es una opción porque, si no se traspasa el personal, habrá que duplicar estructuras para que los organismos extrapoder puedan funcionar. Por tanto, lo que plantean es garantizar carrera, sueldo y estabilidad aun con el traspaso.
El dictamen se dividió en varios despachos, como pasó en los capítulos anteriores que ya se incorporaron a la reforma constitucional, lo que permitió que la oposición puediera ser selectiva en qué apoyaba y qué no de los despachos de mayoría.
El capítulo judicial era acaso el más delicado de la reforma constitucional porque es discusión de poder real. De cómo se equilibran los poderes entre sí. Y todos ponen intereses en juego: el Ejecutivo, el Legislativo y, claro, el propio Poder Judicial.
En un marco en el que, como telón de fondo, el propio Poder Judicial debe definir sobre el planteo de inconstitucionalidad que sobre todo el proceso de reforma realizó La Libertad Avanza.
Los puntos principales aprobados fueron los siguientes:
Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia pasará a estar integrada por siete ministros. Su composición “procurará la paridad de género y la representación territorial, de acuerdo con lo que establezca una ley especial”.
La designación seguirá a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Los ministros conservarán la inamovilidad mientras mantengan idoneidad y cesarán de pleno derecho a los 75 años, sin posibilidad de prórroga. Esto seguramente fortalecerá, luego de la reforma, el embate del gobernador Maximliano Pullaro contra los tres magistrados del máximo tribunal que superan esa edad. Seguirán sujetos a juicio político, mientras que los demás jueces tendrán un mecanismo específico de enjuiciamiento.
Ministerio Público
El dictamen de mayoría incorpora una sección dedicada al Ministerio Público, que se define como “un órgano independiente de los otros poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera”. Se divide en el Ministerio Público de la Acusación, encargado de la persecución penal con énfasis en la protección de las víctimas, y el Ministerio Público de la Defensa, que debe garantizar el acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. El esquema es similar al que establece el artículo 120 de la Constitución nacional, incorporado en la reforma de 1994.
Los organismos estarán encabezados por un fiscal general y un defensor general, designados por el Ejecutivo con acuerdo legislativo. Duran cinco años en el cargo y pueden ser reelegidos por un único período, que era lo que proponía el PS. La UCR quería que el mandato coincidiera con el gobernador, pero sus socios en Unidos y los sectores de la oposición entendían que eso le restaba independencia.
La designación de jueces, fiscales y defensores seguirá siendo facultad del Ejecutivo con acuerdo legislativo, con un paso previo: concursos “transparentes, públicos y con participación ciudadana”. Para ello se crea el Consejo de Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público, un órgano técnico que funcionará en el ámbito del Ejecutivo. Estará integrado por un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, un diputado, un senador, un abogado de los colegios profesionales y un académico de universidades públicas. Ese Consejo organizará concursos y convocará a los jurados. Los concursos no se harán cuando se produzca la vacante sino por anticipado, para tener listas de aspirantes de reserva. Según el fuero en el que haya que cubrir un cargo, se propondrán al gobernador los posibles aspirantes. En principio era sin un orden de mérito determinado, ahora se agregó la palabra "vinculante" y se especifica que debe haber una "ponderación del mérito" de los postulantes, con la idea de quitar margen de discrecionalidad al gobernador. Para el juzgamiento de magistrados, fiscales y defensores se crearán tribunales ad hoc . En principio se los pensó integrados por un magistrado o miembro del Ministerio Público, dos senadores, dos diputados y dos abogados. Es decir, cuatro representantes políticos y tres de la corporación judicial. Este era otro punto de cuestionamiento de los organismos judiciales, que entienden que había un desbalanceo a favor de la política, mientras que el argumento del gobierno es que eso era necesario para que haya control cruzado entre los poderes. Como sea, aceptó su ampliación a once miembros y que sean presididos por las referencias máximas de los estamentos. La Defensoría del Pueblo se incorpora como órgano constitucional para promover, proteger y defender derechos frente a actos de la administración pública y de prestadores de servicios. Estará a cargo de un defensor del Pueblo, cuya designación, remoción y atribuciones serán definidas por ley. El Tribunal de Cuentas se constitucionaliza. Sus miembros durarán seis años, serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y removidos por juicio político. Mantendrá la función de controlar la percepción e inversión de los caudales públicos y declarar responsabilidades.Designación y juzgamiento
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
