El plenario de la Convención Constituyente de Santa Fe terminó de aprobar en las primeras horas de este sábado el segundo paquete de reformas que se incorporará a la Carta Magna santafesina, después de que ya se sancionaron los cambios vinculados al funcionamiento de los poderes Legislativo y Ejecutivo. La sesión estaba citada para las 14 y eran las 23.20 cuando se votó, por amplia mayoría, uno de los artículos más importantes: el que declara intransferible la Caja de Jubilaciones.
Como pasó el miércoles, cuando el foco estuvo en el tema reelecciones y en la eliminación de la mayoría automática en la Cámara de Diputados, fueron decenas y decenas de discursos. Casi todos los convencionales sintieron que tenían algo para decir. Es cierto, la reforma constitucional no genera de ninguna manera un interés masivo en la ciudadanía. Pero quedará en los libros, y los dirigentes que protagonizar el momento histórico quieren su espacio allí.
El pulso político pasó por posicionarse ante un grupo de artículos que, aunque diversos, marcan definiciones de fondo en torno al rol del Estado y a la vida democrática. Son los que analizó la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.
Los consensos fueron amplios, incluso mayores que los que hubo en la sesión del miércoles. Junto al oficialismo votaron los dictámenes de mayoría, con algunas excepciones, los dos bloques con presencia peronista y el Frente de la Esperanza. Y por primera vez hubo votaciones por unanimidad, ya que finalmente La Libertad Avanza apoyó los dictámenes de mayoría para la incorporación de una cláusula democrática y de una declaración que reivindique la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. En el resto, los libertarios se manifestaron en contra, otra vez con fuertes críticas al oficialismo y el PJ. Lo mismo que Somos Vida y Libertad, con furiosos cuestionamientos al gobernador Maximiliano Pullaro.
El primer dato saliente del paquete es que la Caja de Jubilaciones finalmente se declaró “intransferible” y se garantizó la movilidad de sus beneficios. Después de arduas discusiones dentro de Unidos, donde el PRO resistió esa postura del socialismo, y de que el dictamen que salió de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana saldara la discusión con el término “indelegable”, la presión de los gremios estatales y también del peronismo reinstalaron el texto que blinda constitucionalmente el organismo. Así, queda claro que los recursos de la Caja provincial son intangibles y no pueden destinarse a otros fines, además de establecer que el régimen será público, solidario, sin posibilidad de ser privatizado o traspasado a Nación.
Fue uno de los temas en que hubo mayor número de discursos. Convencionales del PJ y del oficialismo se manifestaron orgullosos de proteger el organismo que garantiza las jubilaciones de los estatales santafesinos. Se trata, al fin de cuentas, de un artículo que le da un sentido de defensa de lo público a la nueva Constitución santafesina, en un momento en el que a nivel nacional la cosa va a contramano.
El resultado a la hora de la votación fue de 50 votos a favor de la mayoría, 8 por la negativa (La Libertad Avanza) y 7 abstenciones (Somos Vida y libertad).
Participación ciudadana
Un eje novedoso para Santa Fe es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez la Constitución santafesina incluirá un capítulo específico que amplía los cauces de democracia semidirecta. Y no será solo una declaración genérica: el dictamen de mayoría desglosa herramientas concretas que, de aquí en más, tendrán jerarquía constitucional:
Iniciativa popular: la ciudadanía podrá presentar proyectos de ley ante la Legislatura, salvo en materias sensibles como reforma constitucional, régimen electoral, cuestiones tributarias, presupuestarias o procesales penales.
Referéndum vinculante: el Poder Legislativo, con mayoría absoluta de ambas Cámaras, podrá someter a votación la sanción, modificación o derogación de leyes. El voto será obligatorio y el resultado, de cumplimiento obligatorio.
Consulta popular: tanto el Ejecutivo como el Legislativo podrán convocar a la ciudadanía sobre temas de interés general. A diferencia del referéndum, aquí el voto será optativo y el resultado no vinculante.
Revocatoria de mandato: los electores tendrán la posibilidad de destituir a funcionarios provinciales por incumplimiento grave de sus deberes. El mecanismo se activa con la firma del 25% del padrón y prospera si más del 50% de los votantes lo aprueba en las urnas. Esto debe ser reglamentado por ley
Audiencias públicas: podrán ser convocadas por los poderes públicos y también solicitadas por la ciudadanía. La Constitución obliga a realizarlas antes de aprobar proyectos de ley vinculados al ambiente y a los servicios públicos.
Todo este paquete abre la puerta a una mayor participación ciudadana en las decisiones. Aunque hay que decir también que el piso alto que se pide para la convocatoria de mecanismos como la revocatoria de mandatos (el 25 por ciento del padrón implica más de 700 mil firmas, estimó el convencional Rubén Giustiniani) pueden convertir ese párrafo como un enunciado puramente simbólico.
Mecanismos de participación ciudadana
Malvinas y cláusula democrática
El plenario votó por unanimidad dos artículos de fuerte carga simbólica y política. La cláusula Malvinas, que reafirma de manera irrenunciable la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur, su proyección antártica y la plataforma continental, recibió el acompañamiento de todos los bloques, incluso de La Libertad Avanza, que por primera vez se sumará a un dictamen de mayoría. Lo mismo ocurrirá con la cláusula democrática, que declara la nulidad absoluta de cualquier intento de quebrar el orden institucional, consagra el derecho de resistencia ciudadana y dispone la inhabilitación perpetua para los responsables de golpes de Estado.
Fue otro de los momentos en los que quisieron hablar todos.
Otras reformas
Las reformas se completan con un conjunto de disposiciones que ordenan el funcionamiento estatal en distintas áreas:
La responsabilidad del Estado queda expresamente reconocida, estableciendo que Provincia y municipios deberán responder por los daños que ocasionen.
El artículo 5 fija un régimen tributario y de responsabilidad fiscal con límites claros: el crédito tiene fines específicos y solo podrá usarse en gastos corrientes para casos de urgencia; ningún tributo puede crearse sin ley expresa y las tasas deberán guardar proporción con el servicio prestado.
En seguridad pública, se consagra el derecho a vivir en entornos físicos y digitales seguros, se ratifica el carácter indelegable de la responsabilidad provincial y se fijan pautas de profesionalización, control y transparencia para las fuerzas.
En materia de servicios públicos, la Constitución exigirá marcos regulatorios que garanticen calidad, continuidad y participación de los usuarios, además de declarar estratégicos a estos servicios para el desarrollo sostenible.
Se reconoce con rango constitucional la existencia de colegios y consejos profesionales creados por ley.
En cuanto a políticas públicas, se establece que deberán planificarse y evaluarse con base en datos y evidencia, y que los datos públicos constituyen bienes estratégicos.
El capítulo sobre federalismo de concertación promueve la conformación de regiones interprovinciales, declara a la actividad portuaria como estratégica y habilita a la Provincia a celebrar convenios internacionales en materias no delegadas.
Con este segundo paquete, la Convención avanza en el trazado de una Constitución que busca blindar pilares del sistema previsional, reforzar la transparencia democrática, abrir nuevas vías de participación ciudadana y dejar en claro que ciertos consensos, como Malvinas o la defensa del orden constitucional, están por encima de las diferencias partidarias. Aunque muchas veces eso parezca imposible.
