Casi un centenar de jueces porteños cuestionaron duramente la decisión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, de promover un juicio político contra la magistrada que suspendió por inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil, y calificaron a esa iniciativa del jefe de gobierno como una “intromisión” y “acoso del Poder Ejecutivo” porteño contra el Poder Judicial.
Además, exigieron a la administración porteña “actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho” frente a cuestiones como esas, que están amparadas por la legislación internacional a la que adhiere la Constitución argentina.
La declaración de expreso “rechazo” a la decisión impulsada por Macri fue, a la vez, una contundente expresión de apoyo a la jueza Laura De Marinis, quien días atrás dictó la inconstitucionalidad para un caso concreto de un artículo de la ley de baja de imputabilidad (27.801) impulsada por el gobierno de Javier Milei con respaldo del PRO y demás aliados.
El llamado “Comunicado en apoyo a la magistrada De Marinis” fue firmado por 91 jueces y juezas de la ciudad de Buenos Aires y expresa el “más enfático repudio y profunda preocupación” por la presentación de juicio político contra la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3.
La ofensiva contra la jueza De Marinis
Lo que había decidido De Marinis fue atender el pedido del fiscal para sobreseer a un adolescente de 14 años al que un hombre de 47 denunció por tentativa de robo de su teléfono celular. El delito no llegó a concretarse y el acusado fue detenido por la Policía de la Ciudad.
El criterio que tomó la magistrada fue declarar la “inconstitucionalidad” del artículo 1 de la ley 27.801 (es decir, no la legislación en su totalidad) por considerar que ese régimen aplicado a ese caso concreto resultaba regresivo, desproporcionado y estigmatizante contra el adolescente en situación de desamparo por parte del Estado.
La reacción inmediata de Jorge Macri fue pedir un juicio político. Por eso, los jueces que publicaron su respaldo a De Marinis (no necesariamente a su decisión) expresaron que ese pedido hecho “como consecuencia del desacuerdo” con el fallo “agravia seriamente la independencia judicial” instituida por la Constitución nacional.
La titular del Juzgado Penal Juvenil solo “ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad” en ese caso concreto “por considerar que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva con respecto al sistema de protección integral de derechos”, argumentó el comunicado.
El texto aclaró que la decisión de la magistrada “había sido promovida por el Ministerio Público de la Defensa y contó con la adhesión del Ministerio Público Tutelar en representación de los derechos del adolescente”.
Por este motivo, añadieron, “más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido” el gobierno de la ciudad de Buenos Aires debería haberse apegado al “respeto de las decisiones” que adoptan los jueces en el marco de la vigencia del Estado de Derecho.
El comunicado deja claro que la decisión de De Marinis no sólo fue tomada sobre la base de un pedido del fiscal sino que, además, fue apelada posteriormente por el Ministerio Público, lo cual demuestra que el sistema judicial está funcionando.
“En cambio, la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial” y va a contramano de “la independencia judicial”, enfatizaron los 91 jueces que cuestionaron al gobierno porteño.
Por ello, concluyeron, “rechazamos la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortamos a las autoridades públicas a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho”.