A través de cartas documentos, la Federación de Acopiadores intimó a las municipalidades santafesinas de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y San Martín, a “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones”.
A raíz de estas maniobras, estos nueve municipios reciben para rentas generales una suma que oscila los $25.000.000.000 anuales: “Una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”, sostienen desde Acopiadores.
La Federación de Acopiadores argumentó que “el mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.
La entidad sostiene que “una mera disposición municipal crea aduanas internas alterando derechos y obligaciones de contratos privados pactados en el marco de la legislación de fondo, y de los usos y costumbres en el comercio de granos”.
Por todo ello, la Federación seguirá cuestionando cualquier imposición de costos distorsivos que impacten sobre la competitividad de las exportaciones agroindustriales.
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