“Tené tu casa propia y viví como en un hotel 5 estrellas”, era el eslogan con el que en 2010 se promocionaba Torre Shopping, un lujoso emprendimiento inmobiliario en Arroyito que prometía estar listo en un plazo máximo de 30 meses. Doce años después, quienes confiaron en la desarrolladora a cargo de Tierra de Sueños siguen sin casa propia, y a cambio les ofrecen un porcentaje de las ganancias que deje el hotel que se construyó con sus ahorros y sin su consentimiento. Ante la avalancha de sentencias judiciales en contra, a lo que se sumó la negativa del municipio a darle el final de obra, la empresa ideó un plan canje y empezó a ofrecer terrenos en el Gran Rosario a los damnificados. Pero en muchos casos no compensan las pérdidas económicas, mientras que las denuncias de estafa no cesan.

Unos 240 departamentos, 100 cocheras, 10 locales comerciales en planta baja, una sala de conferencia, microcine, restaurante, spa, gimnasio, pileta, quincho, solarium, guardería para niños y un bar giratorio en su último piso eran algunas de las amenidades con las que iba a contar el edificio de Rondeau y Juan B. Justo. A cargo de los trabajos estaba Aldic, empresa comandada por el pastor evangélico Alberto Di Carlo, famoso por sus proyectos inmobiliarios Tierra de Sueños, y también por sus incumplimientos a la hora de realizar infraestructura básica en los mismos, al punto tal que hubo denuncias por lotes que quedaron bajo el agua.

En el caso de Torre Shopping desde el vamos generó suspicacias respecto a la aprobación que obtuvo de la Municipalidad para sus 67,24 metros, cuando en la zona el límite máximo para construir estaba fijado en 36 metros. “No se trató de una excepción a la norma, que en esos casos siempre debe pasar por el Concejo Municipal, sino de una autorización del municipio a hacer casi un edificio arriba del otro, sin ninguna compensación a cambio”, advirtió la concejala Fernanda Gigliani en diálogo con Ecos365.

Pero ese sería sólo el inicio de las irregularidades de la obra cuya construcción arrancó en 2012. Hacia 2016, cuando ya había pasado el plazo máximo previsto para terminar los trabajos, los compradores se encontraron evasivas a la hora escriturar, lo que no hizo más que acrecentar sus dudas y reclamos. Ante tal presión, Di Carlo realizó una maniobra a todas luces ilegal según el abogado Guillermo Francisca: la torre fue transferida como aporte fiduciario del “Fideicomiso de Administración Hotelero Rosario Business” a Admife SRL, empresa creada ese mismo año a nombre de Verónica Ruth Becker y de su marido Julio César Borghesi, cuñado de Di Carlo. El domicilio declarado de la sociedad es Boulevard Rondeau 101, es decir, el edificio Torre Shopping.

Todo esto se llevó a cabo sin haber notificado a los adjudicatarios que tenían el boleto de compraventa, que de la noche a la mañana se encontraron con que en realidad tenían en su poder un porcentaje de participación en un fideicomiso hotelero que explotaría la cadena francesa Accor. En esa magatorre ya no habría departamentos de viviendas sino que se abriría el Hotel Mercure, financiado con la plata de los estafados. En los años sucesivos empezaron a salir las sentencias que ordenaban a la empresa a entregar la posesión, a escriturar e indemnizar a los afectados, algo de cumplimiento imposible porque ya no había departamentos sino habitaciones de hotel. Eso sí, de un hotel que promete 18 pisos, habitaciones equipadas con alta tecnología, una suite presidencial, salón de eventos, 23 espacios de coworking, gimnasio, sala de masajes, sauna seco y una piscina climatizada.

Mayor indignación se produjo cuando a fines del año pasado se inició la promoción con cartelería y en redes sociales de la pronta apertura del Mercure, lo que llevó a los damnificados a reunirse con concejales y con el municipio. De allí se llevaron la promesa de que no habría final de obra declarado hasta que se resolvieran todas las denuncias por estafas. Es más, también quedó bajo análisis la posibilidad de que el proyecto sea revisado por el cuerpo legislativo porque no sólo se habían construido a mayor altura de la permitida (aunque hubo un ok del municipio para eso), sino que también se habrían excedido en la cantidad de metros cuadrados involucrados y en las cocheras.

Acorralado, el pastor debió sentarse a negociar con los estafados. Eso sí, sólo con los que tenían sentencia firme, a modo de dilatar todavía más el asunto. En función de sus necesidades y urgencias, fue arreglando en forma particular. A los que estaban más apremiados los conformó con lotes disponibles en algunos de sus desarrollos de Funes, Roldán, Arroyo Seco y Puerto General San Martín, a los que terminaron accediendo pese a que su valor era notablemente inferior a lo que habían abonado en su momento. El objetivo de ellos era recuperar al menos una parte de lo perdido. Otros que se pusieron más duros, y tenían espalda para aguantar por más tiempo, recibieron la devolución del dinero que habían aportado a valores actualizados.

A cambio, los que firman el acuerdo deben abstenerse de realizar nuevas demandas y de hacer declaraciones públicas. Uno de ellos, que por esta última razón sólo pudo hablar en off con este medio contó que del grupo inicial de 15 demandantes todavía hay una decena que sigue negociando, pero día a día se van sumando nuevos que se enteran de la forma en la que se está resolviendo el conflicto. Si se contempla que la mitad de las 240 unidades estaba originalmente destinada a la venta y que buena parte de los compradores eran comerciantes del barrio que buscaban una vivienda y no un negocio –por lo que no les interesa contar ahora con un porcentaje del hotel-, se espera que las demandas sigan en ascenso.