Los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo llegaron a un acuerdo político que permitió avanzar con la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplace el mecanismo que Javier Milei impuso por decreto.

El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.

A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

Los espacios de la oposición llegaron a la sesión con varios dictámenes. La más importante giraba en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.

La advertencia del Gobierno

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto aprobado rondaría el 0,43% del PBI. Desde la oposición aseguraron una y otra vez que era un costo “razonable” que no pone en riesgo el superávit fiscal que el Gobierno mantiene como principal objetivo macroeconómico

“El gasto del 0,4% es algo que tranquilamente lo podrían trocar por el gasto tributario del régimen especial de Tierra del Fuego”, señaló el radical Rodrigo de Loredo en su discurso de cierre.

Sin embargo, en la Casa Rosada interpretaron que en el Congreso se concretó “un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para romper el superávit fiscal”.

Fue el propio Milei quien ya anunció que le importa “tres carajos” si tiene que anular los proyectos impulsados por la oposición y aseguró que defenderá la caja “a puro veto”, si es necesario.

En la misma línea, ayer el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repitió que no hay fondos para otorgar mayores aumentos a los jubilados. “Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”, señaló y volvió a advertir sobre la posibilidad de un veto presidencial.