El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, anunció este martes la decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCEI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

La determinación de la Casa Rosada es devolverle a este organismo su status de Dirección nacional, tal como se aprobó en la Ley de Reparación Histórica de Agricultura Familiar sancionada en 2014.

En este marco, Adorni denunció que actualmente trabajaban allí más de 900 personas, cuando la Ley de 27.118 Reparación Histórica marca que solo deberían ser 64.

Y que, con una estructura similar a la de un Ministerio, destinaba casi el 90% de su presupuesto en sueldos y gastos corrientes, por lo que su cierre significará un ahorro de casi $ 9.000 millones.

“El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, luego de una revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores”, afirmó Adorni.

La decisión del Gobierno Nacional implica el nombramiento de un interventor en el Instituto, quien realizará una auditoría integral de recursos humanos, físicos y financieros, y evaluará su ordenamiento, al tiempo que se cerrarán las delegaciones territoriales de todo el país, reduciendo aproximadamente 800 contratos que no serán renovados.

Con el cierre, el Instituto volverá a convertirse en una dirección nacional con un plantel de 64 personas, tal como lo estipula la Ley 27118 de Reparación Histórica de Agricultura Familiar.

La postura de FAA

Luego de escuchar en la conferencia de prensa del vocero del gobierno nacional que eliminarían el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y constatar a través de un comunicado de prensa oficial, en el que hablan de intervención del mismo, desde Federación Agraria Argentina expresaron en un comunicado que "sería un error eliminar el área donde Argentina debe discutir políticas públicas específicas". 

Más allá de comprender la importancia de analizar cómo se venía gestionando dicho instituto, y las necesidades económicas que aquejan al país, que obliga a reducir gastos, "sostenemos que los pequeños productores comprendidos en ese universo siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del Estado Nacional".

Y agregaron: "los errores de la política, o los posibles hechos que quieren investigar, no pueden hacernos perder el foco de la discusión; si hubo errores o abusos, deben corregirse, pero no debe eliminarse el área, pues las necesidades son reales, y los productores, allí estamos".

Para la entidad que preside Carlos Achetoni, la política debe "resolver los problemas que generaron los políticos, pero no debe desatender a este grupo social y productivo tan postergado, que en muchos casos sólo ha servido como excusa para que inescrupulosos hicieran negocios, mientras las carencias en el interior productivo persisten".

Los agricultores familiares no somos ni queremos ser sujetos de asistencialismo. Somos productores, con una escala más pequeña, por lo que queremos seguir siendo tratados como tales, en el ámbito donde corresponde, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, respetando y haciendo efectivas las conquistas que alcanzamos con la ley 27118, sin abusos de los políƟcos de turno. En el decenio de la agricultura familiar, reconocido por todos los países del mundo, como país no podemos cometer el error de dar un paso atrás"