El gobierno mandó un nuevo texto con modificaciones para destrabar dos de los puntos que persistían de ser rechazados: privatizaciones y facultades delegadas. Los borradores circularon durante todo el segundo día de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

La nueva redacción, que incluye varios artículos nuevos y la exclusión de otros, incluyó numerosos planteos de la denominada "oposición dialoguista". En el caso de las privatizaciones, el listado final de empresas que el gobierno podría disponer la posibilidad de ser vendidas se redujo a 30. Y tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, bastiones de la resistencia de la oposición por considerar que son activos estratégicos para el desarrollo del país.

Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

En tanto, el nuevo capítulo se divide en tres artículos, con sus anexos, con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división puede facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Por lo tanto, se acerca a la posición de quienes proponían aprobar “empresa por empresa” las privatizaciones, y "según monto y sector", explicaron anoche a Ecos365 desde el PRO.

Para reforzar la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca.

En tanto, desde el sector dialoguista explicaron que el articulado señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.

Por otra parte, antes de que comience el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Este informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral.

En cuanto a las emergencias y las facultades delegadas, desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional. Las facultades delegadas se podrían decir que son las que más intactas quedaron del fuerte recorte de atribuciones incluidos en el proyecto inicial.

El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.

Por otro lado, el oficialismo decidió mantener -en el artículo 73- la derogación del artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como “Ley Guzmán”, que ponía límites a la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Sin acuerdo con el radicalismo y HCF, ese punto se encamina a ser rechazado ya que defienden la potestad del Congreso de controlar al Ejecutivo.

Tras la segunda jornada de debate se llegó a un nuevo cuarto intermedio y la sesión se reanudará este viernes a las 10 de la mañana. Pasada la medianoche, el oficialismo propuso interrumpir la discusión parlamentaria, mientras continúan negociando los artículos clave sobre los que aún no hay acuerdo, como la potestad de tomar y reestructurar deuda y los cambios en seguridad, entre otros.

Aún con todos estos cambios, un sector de diputados radicales referenciados en Facundo Manes se mantiene firme en el rechazo de facultades delegadas y pretende que las privatizaciones se debatan “ley por ley” en el Congreso. El socialismo y la Coalición Cívica también rechaza las privatizaciones y las facultades delegadas.

En tanto, los diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Martín Llaryora, siguen amenazando con restar apoyos si no se atiene a los reclamos de los mandatarios provinciales, a los que el Gobierno prometió un nuevo pacto fiscal.

El debate continuará con más de 30 oradores y estiman que la votación en general será hoy cerca de las 14. En las filas de la oposición entienden que el Gobierno optó por postergar la votación en general para continuar negociando y para no correr el riesgo de no poder volver a reunir el quórum para la votación en particular.