Representantes de Javier Milei en el Ejecutivo y en la Cámara de Diputados mantuvieron diversas reuniones con jefes de bloques opositores dispuestos a acompañar la ley ómnibus, pero bajo la condición de que el oficialismo flexibilice diversas normativas claves tales como la fórmula de la movilidad jubilatoria, el esquema de retenciones y privatizaciones.

El gobierno tiene una evidente debilidad parlamentaria: solo 38 legisladores. Y necesita de esos bloques -entre los cuatro espacios suman 132 legisladores- para el éxito parlamentario.

En este marco, desde el gobierno blanquearon la idea de dictaminar el lunes y convocar al recinto el martes, en una sesión que se prevé maratónica y que podría durar casi 48 horas, es decir hasta el miércoles 24, el día del paro y la movilización de la CGT y el peronismo. 

En tanto, el gobierno había aceptado retroceder en la iniciativa original en varios de los puntos más relevantes, y volver a enviar el texto con las correcciones este mediodía.

La eliminación de la fórmula jubilatoria es uno de esos aspectos. El Ejecutivo propuso en el proyecto ajustar los haberes de manera discrecional por tiempo indeterminado, y ayer se consensuó, en principio, actualizar en base al Índice de Precios al Consumidor pero a partir de marzo, es decir con la inflación de febrero. La modificación no terminó de convencer a todos los presentes.

En el capítulo retenciones, La Libertad Avanza aceptó anular cualquier tipo de incremento impositivo en las economías regionales, pero avaló aumentos en carne y otros commodities. Quedó pendiente la suba del 15% a las exportaciones industriales, que esta semana tuvo una fuerte resistencia pública por parte de la UIA.

Con el régimen de biocombustibles y de pesca, la Casa Rosada ya había aceptado volver atrás con las modificaciones por presión de los gobernadores. También en la eliminación del trazo grueso de la reforma electoral -un capítulo al que Santiago Caputo le dedicó en una de las reuniones especial interés- y en la emergencia y la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, con la promesa de reenviar en estas horas los cambios por escrito.

En el rubro privatizaciones, se acordó excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales con potencial de venta. En los bloques aliados creen que, en verdad, el gobierno nunca tuvo la intención real de privatizar la petrolera estatal y sí otras compañías como ARSAT o el Banco Nación. Sí se habrían desechado los cambios en el código civil y la ratificación del DNU 70 que ideó Federico Sturzenegger, propuesto en el artículo 1 de la Ley Ómnibus.

Para el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES todavía no había consenso: la Casa Rosada promocionó la posibilidad de implementar una especie de control a la propuesta original de traspasar el fondo al Tesoro, es decir al ministro Luis “Toto” Caputo.

El nivel y la magnitud de las modificaciones aceptadas por el oficialismo era anoche motivo de debate interno en los bloques aliados, en medio de una cada vez más compleja convivencia política. Este viernes, Milei debía terminar de confirmar, o no, la viabilidad de los cambios.