La Cámara de Diputados reanuda este martes a las 14 la sesión por la ley ómnibus y pondrá en marcha la votación en particular. En la antesala de la segunda semana de debate en el recinto, tras haberse garantizado la aprobación en general, el oficialismo mantiene las negociaciones con los bloques "dialoguistas" para acercar posiciones. 

Si las conversaciones no llegan a buen puerto, podrían caerse algunos de los temas más importantes de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos impulsada por el presidente Javier Milei. En cambio, hay una serie de artículos que ya tienen su aprobación garantizada.

Para empezar, todos los artículos incluidos en el capítulo denominado "Cultura" caerían en el recinto, al momento de la votación en particular.

Pese a que los bloques dialoguistas alertaron desde el primer momento que no acompañarían los artículos vinculados al cine, al Instituto Nacional de la Música, al Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, los libertarios decidieron no quitarlos del proyecto.

Al parecer, la decisión de mantener esos artículos por parte de La Libertad Avanza fue más bien "ideológica". Así las cosas, su rechazo en el recinto estaría garantizado.

Los artículos que tampoco tienen su aprobación garantizada son nada menos que los vinculados con la delegación de facultades y la declaración de emergencias públicas. El texto original contenía 11 materias: económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. 

En el dictamen firmado en comisión se suprimieron cuatro materias: social, defensa, previsional y sanitaria. A lo largo de la semana pasada se suprimió la delegación en materia fiscal..

Entre otros ítems, los dialoguistas pusieron la lupa en la emergencia en seguridad, tras los acontecimientos de los últimos días, en los que se vieron hechos de represión en las inmediaciones del Congreso, entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. "Genera cierta preocupación", alertó una fuente radical.

Asimismo, los gobernadores tienen sus reparos con el artículo 5, vinculado con la Reforma del Estado. En especial, con los inciso E los fondos fiduciarios; D las intervenciones; y C las disoluciones (de la cual ahora la redacción ha excluido a las universidades, empresas y organismos del inciso c del artículo 8 de la Ley 24.156: INTA, Conicet, INTI, que pueden sí ser intervenidos).

En ese sentido, los fondos fiduciarios que afectan a las provincias podrían ser eliminados. Además, la oposición también tiene sus reparos en torno a la facultad de reorganización administrativa, que es probablemente la facultad delegada más amplia. 

¿Qué pasará con las privatizaciones?

En concreto, los radicales piden que antes de llevar adelante la privatización la AGN elabore un informe que permita conocer el valor de la compañía. De esta manera, se busca evitar que sean malvendidas.

Además, hay reparos en torno a la venta de algunas de las firmas incluidas en el articulado. Por caso, Arsat y el Banco Nación.

La oposición dialoguista también tiene reparos en torno a los capítulos que aluden a la toma de deuda externa.

En el proyecto impulsado por Javier Milei se habilita la reestructuración de pasivos sin condiciones, es decir, que no haya necesidad de explicar que la nueva deuda que se toma es mejor en intereses, plazos o montos.

La iniciativa también habilita al Poder Ejecutivo a tomar deuda externa sin previo aval del Congreso, tal cual quedó establecido por ley, durante el gobierno de Alberto Fernández. Este punto no cuenta con la venia de los dialoguistas.

Los temas que reúnen consenso

Contarán con el acompañamiento de la oposición los artículos vinculados con la desregulación de la economía. 

En este sentido, el Capítulo III, titulado Política de calidad regulatoria y de simplificación administrativa tiene altas chances de reunir los votos necesarios para su aprobación.

A grandes rasgos, se trata del apartado que plantea que el Poder Ejecutivo implemente una política de calidad regulatoria para la Administración Pública nacional "que incluya la simplificación, digitalización y desburocratización administrativa, la transparencia y el respeto del debido procedimiento administrativo, la tutela administrativa efectiva, así como el alivio de cargas y costos administrativos".

De esta manera, se busca "obtener regulaciones eficientes para la competitividad de los mercados, la creación de empleo y todo cuanto contribuya a elevar el nivel de vida de las personas y a reducir los índices de pobreza".

Misma suerte correría, por caso, el capítulo que se aboca a la Oficina Anticorrupción y que, entre otros ítems, establece que el Poder Legislativo y el Judicial, así como también el Ministerio Público de la Nación creen un "órgano desconcentrado u organismo descentralizado con autonomía funcional, que ejerza las funciones de autoridad de aplicación en sus respectivos ámbitos, de la normativa sobre integridad pública y lucha contra la corrupción vigente".

También se espera que el capítulo sexto, titulado Actividad política y función pública llegue a destino. 

Se trata del apartado que reúne los artículos que establecen que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas, además de los espacios de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social. En otras palabras, que "no podrán constar en ella, nombres, textos, símbolos o imágenes con fines o que supongan una promoción político-partidaria o personal".

Misma suerte correría el capítulo de Educación que, entre otros ítems, declara a la educación inicial, primaria y secundaria como un servicio esencial para evitar que el dictado de clases se vea afectado por los paros docentes.

Por último, el capítulo que tiene chances de llegar a buen puerto es el titulado Promoción del Empleo Registrado. A grandes rasgos, este apartado habilita a los empleadores del sector privado a regularizar las relaciones laborales vigentes iniciadas antes de la promulgación de la ley ómnibus.

También queda en pie el capítulo titulado Energía, que incluye modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y al Marco Regulatorio del Gas Natural, así como también a la Ley de Biocombustibles, después de que el articulado sufriera una serie de modificaciones a pedido de los gobernadores de las provincias involucradas en el sector.