Los trabajadores deberán permanecer un año en la obra social del sindicato de la actividad asociada a su empleador, según lo resolvió el Gobierno por decreto a pedido de la CGT.
La medida busca proteger a las obras sociales tradicionales de la competencia que la desregulación de los ‘90 inauguró con las empresas de medicina privada en alianza con gremios más chicos. Ese acuerdo llevó a que estos sindicatos se convirtieran en gestores de las prepagas que se quedaron con afiliados jóvenes con mejores salarios.
El traspaso de afiliados fue lo que permitió a empresas de medicina privada el cobro de los reembolsos que el sistema de salud argentino contempla para los tratamientos y remedios más costosos y para las coberturas de las llamadas “enfermedades catastróficas” por el jaque financiero que un caso individual puede representar para una prestadora, según consignó Ámbito.
El presidente Alberto Fernández había prometido a la CGT este decreto que firmó el martes y un aporte extraordinario del Tesoro nacional por $11.400 millones a las obras sociales sindicales para compensarles los gastos extras que realizaron durante la pandemia para la atención de sus pacientes discapacitados. Esta medida se encuentra demorada en el Ministerio de Economía.
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