Hace dos semanas, la Justicia rosarina ordenó reabrir la causa contra Sergio Tasselli por la contaminación de provocada presuntamente por la petroquímica Bermúdez. Allí se investiga la desaparición de 850 tanques de cloro gaseoso y el entierro de sustancias cancerígenas que habrían contaminado las napas y el agua de la zona, provocando un daño irreversible. Aunque no se conoce otro de semejante magnitud, lejos está de ser un caso aislado. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), sólo el 10% de los residuos industriales, especiales o contaminantes recibe el tratamiento adecuado.

En base a datos nacionales del Ministerio de Trabajo y del de Desarrollo Productivo, el Observatorio Ambiental de la UNR y la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA constataron que de las 32 millones de toneladas anuales de residuos industriales que se generaron en todo el país, sólo llegaron a las plantas de tratamientos de este tipo de basura 3,2 millones de toneladas.

De las 32 millones de toneladas anuales de residuos industriales que se generaron en todo el país, sólo llegaron a las plantas de tratamientos 3,2 millones de toneladas"

Es decir que en lo que va de 2021, únicamente el 10% de los residuos potencialmente contaminantes se trató debidamente, mientras que en el último semestre de 2020 el porcentaje alcanzaba el 21%. De las 255.000 industrias que los generan, le dan una deposición adecuada 26.900. “La principal causa de esto es la falta de controles del Estado para exigir a las compañías que cumplan con las normas ambientales”, indicó Matías De Bueno, director del Observatorio Ambiental de la UNR.

A esto agregó la falta de políticas estatales de acompañamiento. “Hace falta también asistencia económica para que las empresas modifiquen procesos de producción para contaminar menos y a la vez no les sea tan oneroso realizar una correcta deposición de los residuos”, manifestó en diálogo con Ecos365. En torno a esto, consideró que prima entre los privados la concepción de la basura como un costo, al que no suelen incorporar a la cadena productiva. Y esto se da por una baja conciencia ambiental.

“Muchos dicen desconocer las leyes ambientales, más allá de que esta no es excusa porque las normas se presumen, y a otros directamente no les interesa cumplirlas”, aseveró y añadió que una tercera causa que explica lo preocupante de estas cifras tiene que ver con la competencia desleal dentro de los propios tratadores: “Hay firmas que entregan certificados apócrifos avalando haber recibido y tratado cierta cantidad de residuos pero en realidad no lo hicieron”, apuntó.

En Argentina hay 121 plantas que trabajan con todo tipo de residuos, de las cuales 41 están en la zona santafesina, por lo que no se puede alegar falta de especialistas"

Si bien no son los mismos los residuos especiales generados en Santa Fe, donde predominan los derivados del agro y la construcción, que los del sur del país, con fuerte impacto de la industria petrolera, o los de provincia de Buenos Aires, donde la petroquímica juega un papel importante, en general se comparte la muy baja proporción del tratamiento adecuado. Por la pandemia, uno de los sectores de mayor crecimiento en materia de generación de residuos fue el de la salud, ya que los patógenos subieron más de 30%, lo que implicó un volumen de total de 80.000 toneladas. En Argentina hay 121 plantas que trabajan con todo tipo de residuos, de las cuales 41 están en la zona santafesina, por lo que no se puede alegar falta de especialistas.

“Algunas tienen mejor tecnología, otras no tanto, pero hay plantas preparadas y especialistas que saben qué es lo mejor hacer con cada residuo, porque si no se lo trata adecuadamente, va a parar al río, a una cava a cielo abierto o se incinera, contaminando aire, cielo y agua, y pudiendo ocasionar hasta la muerte, si entra en contacto con alguna persona”, explicó De Bueno, que consideró que los costos debe incorporarse en la cadena de producción y ser acompañados por el Estado. “Los que cumplen generalmente es porque se los exigen las normas ISO, alguna entidad para otorgarles un crédito o una normativa interna en caso de ser subsidiaria de una multinacional”, afirmó.

Por último, mencionó que este tipo de estudios se realizará bimestralmente con el objetivo de generar información pública que permita tomar dimensión de la problemática y actuar en consecuencia.