El Gobierno dio a conocer la lista de empresas de medicina prepaga intimadas a retrotraer a diciembre los fuertes aumentos en sus planes de salud, tras la liberación de precios, y que además son acusadas de cartelización. La estimación oficial es que, a partir del tope de incrementos fijados por inflación, las cuotas deberían bajar un 33% promedio respecto de sus niveles actuales.

La Superintendencia de Salud sí presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se devuelva a los afiliados el monto por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Las compañías investigadas desde enero por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria, y alcanzadas por la medida son:

Galeno Argentina S.A.

Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil

Hospital Alemán Asociación Civil

Medifé Asociación Civil

Swiss Medical S.A.

Omint S.A. de Servicios

OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios

La Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que las agrupa

y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y entonces presidente de la UAS.

“Se estima que la inflación de abril será del 10%, y tomando en cuenta que las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en promedio un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las prepagas en un 33%”, informó la Secretaría de Comercio e Industria, a cargo de Pablo Lavigne y al frente de la investigación.

En concreto, el Gobierno dispuso que los valores de las cuotas de los planes de salud a ser cobrados no podrán superar el nivel que tenían a diciembre de 2023 más la variación del IPC. La medida contempla que para los clientes dados de alta después de ese período el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado a valores de finales del año pasado.

Asimismo, las empresas señaladas deberán presentar a la CNDC información sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos y cantidad de afiliados en cada uno de los programas. “Deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web”, detalló Comercio.

Qué dicen las prepagas

Una de las empresas realizó a Comercio una oferta de congelar sus cuotas y no seguir con los aumentos para recomponer lo que consideran son años de atraso, pero contaron que, cuando la pusieron sobre la mesa, la respuesta oficial fue que era tarde y que el plazo de presentar alternativas había vencido.

“No sabemos qué quieren”, coincidieron desde otra de las grandes del sector. “Las prepagas somos el enemigo que eligieron ahora, pero el que desreguló los precios del sector fue el propio Gobierno, con el DNU de diciembre. Antes eran los medios hegemónicos, ahora parece que somos las prepagas”, agregaron. “La medida involucra no solo a las prepagas sino a todos los prestadores, salarios, profesionales, etc. Es una bomba sobre todo el sistema de la salud privada”, aseguraron.

“Además quieren que se devuelva lo que ya cobraron por encima del IPC según la cautelar que presentaron. O sea, que las prepagas tienen que pedirles a los prestadores, a quienes ya le transfirieron los fondos de los aumentos de las cuotas, que les devuelvan el dinero para su vez devolverlo a los afiliados. Pero los prestadores no tienen ya esos fondos porque pagaron salarios, insumos, proveedores, medicamentos. Las prepagas que puedan tendrán que usar sus fondos. Aguantan un mes y quiebran, y si quiebran las prepagas quiebra todo el sistema prestacional”, detallaron.

Desde el sector enumeran que el sistema de salud privado de la Argentina atiende a 33 millones de personas. De esa cifra, 6 millones están dentro de las prepagas y de ellas, 4,5 millones están en planes corporativos, que pagan sus empleadores y 1,5 millones son socios directos. “De esos socios directos realmente el problema estaba aproximadamente en 1 millón de personas. Pero tomaron una medida para todos, es insólito. La Superintendencia de Servicios de Salud sabe que esta medida es inviable”, concluyeron.