Las lluvias intensas, las inundaciones y las dificultades de acceso a los establecimientos pueden alterar el funcionamiento habitual de las escuelas. Frente a ese escenario, el Ministerio de Educación de Santa Fe estableció un protocolo para organizar la respuesta del sistema educativo ante emergencias climáticas, meteorológicas, hídricas o de otra naturaleza.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 2234/2026 y alcanza a todas las instituciones de gestión estatal y privada, de todos los niveles y modalidades. Su implementación busca establecer criterios comunes para proteger a las comunidades educativas y sostener la enseñanza cuando las condiciones impidan el dictado presencial de clases.
El documento adquiere especial relevancia ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño en la región, aunque sus disposiciones contemplan distintos tipos de contingencias.
Quién decide la suspensión de clases
Uno de los puntos centrales de la normativa es que la continuidad de las actividades escolares será la regla general, siempre que existan condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y asistentes escolares.
Cuando una emergencia impida el normal funcionamiento de un establecimiento o comprometa el acceso a sus instalaciones, la Delegación Regional de Educación correspondiente podrá disponer el cese de actividades. La decisión deberá tomarse en consulta con la Secretaría de Protección Civil, las autoridades ministeriales del nivel o modalidad y las áreas gubernamentales que intervengan en la situación.
La suspensión podrá extenderse hasta cinco días hábiles y renovarse por un período equivalente si persisten las condiciones que impiden el desarrollo de las clases. Si la emergencia se prolonga, las autoridades deberán analizar otras alternativas para recuperar la presencialidad.
De esta manera, la resolución establece un criterio de intervención que contempla las particularidades de cada localidad y evita que una contingencia tenga que traducirse necesariamente en una suspensión generalizada para toda la provincia.
Qué deberán preparar las escuelas para sostener los aprendizajes
El protocolo también establece que cada institución deberá elaborar un Plan Institucional de Continuidad Pedagógica. Este instrumento permitirá organizar la enseñanza durante los períodos en los que no sea posible asistir a las aulas.
La planificación deberá contemplar los canales oficiales de comunicación con las familias, la actualización de los datos de contacto y la identificación anticipada de los estudiantes que tengan dificultades de conectividad.
Además, cada docente deberá disponer de un portafolio pedagógico de contingencia con actividades previamente planificadas, consignas claras y contenidos prioritarios. Las propuestas tendrán que adecuarse a los recursos disponibles en los hogares y contemplar distintas posibilidades de acceso a internet.
En los casos en que la conectividad sea limitada o inexistente, las instituciones deberán prever alternativas impresas y otros materiales que permitan continuar con las actividades. También se contempla el seguimiento de las tareas, la atención de consultas y la evaluación progresiva de los aprendizajes.
La intención es que una interrupción de la presencialidad no implique perder el vínculo entre docentes y estudiantes ni dejar librada la continuidad escolar a las posibilidades tecnológicas de cada familia.
Las escuelas no serán centros de evacuación
Otro aspecto relevante de la resolución es la preservación de los edificios escolares. La normativa establece que no deberán utilizarse como centros de evacuación, ya que su función prioritaria es garantizar el servicio educativo.
La disposición contempla excepciones para situaciones de extrema necesidad, cuando no exista otro inmueble disponible. En esos casos, la utilización de las instalaciones deberá contar con una intervención expresa de la autoridad provincial competente en materia de protección civil y gestión de riesgos.
El protocolo también incluye previsiones para sostener los servicios alimentarios escolares durante las contingencias y establece que las tareas realizadas por docentes y asistentes escolares en el marco de estas medidas serán reconocidas administrativamente como prestación efectiva del servicio, siempre que se cumplan las responsabilidades asignadas.
Con estas pautas, Santa Fe busca que las escuelas cuenten con procedimientos definidos antes de que se produzca una emergencia. La planificación anticipada, la comunicación con las familias y la preparación de actividades alternativas forman parte de una estrategia que apunta a resguardar la seguridad de las comunidades educativas sin interrumpir innecesariamente las trayectorias escolares.
