El hotel Dubrovnik se derrumbó la madrugada del 29 de octubre de 2024. Hoy se cumple un año de la tragedia y la causa tiene seis personas imputadas, pero ningún detenido. María Josefa “Pelusa” Bonazza, la única persona que pudo ser rescatada con vida tras luchar por su vida durante un mes, murió elevado la cifra de fallecidos a 9.
“Escuchamos un ruido ensordecedor, mi marido me dijo ‘¿escuchaste ese ruido?’, escuchamos otros dos ruidos terribles y se nos cayó todo encima” fue el testimonio que alcanzó a dar “Pelusa” Bonazza. Desde el inicio, la investigación se centró en las obras estructurales que se estaban realizando para modernizar el edificio, incluida la instalación de un ascensor.
De acuerdo a un informe publicado hoy en Todo Noticias (TN), el Dubrovnik había sido adquirido seis meses antes del derrumbe por la empresa Parada Liniers S.A., cuyo propietario principal es Antonio Arcos Cortés. Tras la compra, se iniciaron reformas que, según la abogada Graciela Bravo, representante de las familias de las víctimas, afectaron la base estructural del edificio.
Bravo aseguró que la instalación del ascensor fue determinante para el colapso: “Desde que el hormigón se puso en el edificio hasta la fecha, no había ninguna alteración en su composición original. Lo que esto indicaría es que si el hormigón cedió, no es por su composición original, sino por un factor externo, como la reforma y los trabajos realizados en el ala oeste -la parte del ascensor- que debilitaron la estructura”. Sin embargo, es algo que todavía se está investigando.
Por su parte, el abogado Alejandro Baldini, representante legal del dueño del hotel, señaló a TN que el ascensor “no tuvo nada que ver con el derrumbe: fue la única parte que quedó en pie. Nada de lo que se hizo podía causar semejante catástrofe. El hotel cayó sobre sus bases”.
Baldini también afirmó que los propietarios se sintieron “engañados” por el arquitecto responsable de la construcción histórica, quien no estaba matriculado en la municipalidad de Villa Gesell y construyó con su conocimiento.
“Las obras no afectaron la estructura del hotel”, insistió, y sumó: “Hay factores que venían de antaño, en un determinado momento el hotel iba a caer, y justo cayó cuando lo compraron. Mis clientes lo adquieren habilitado comercialmente por la municipalidad, no es que compraron uno que no estaba habilitado”.
La investigación judicial, caratulada como estrago culposo calificado, se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, con tres prórrogas de instrucción acumuladas y nuevas pericias en curso.
La causa tiene seis imputados y todos ellos están en libertad, de acuerdo a lo que informó Baldini. Ellos son: Celso Paco Pérez, capataz, Sergio Daniel Paco Laura, capataz, Miguel Andrés Choque Juchani, albañil, Diego Alberto González, albañil, Jorge Enrique Bonavita, arquitecto responsable y Rubén Taquichiri, contratista a cargo.
El último informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) detectó irregularidades en el hormigón utilizado, entre ellas el uso de arena de mar, un material que degrada su resistencia, lo que llevó a solicitar ampliaciones del estudio técnico.
Bravo, por su parte, detalló en diálogo con este medio que las obras en ejecución al momento del colapso “carecían de permiso de obra vigente y se desobedeció una orden de paralización municipal”.
Según su análisis, el edificio “no presentaba riesgo estructural antes de las intervenciones” y el colapso fue “consecuencia directa de trabajos negligentes e irregulares, vinculados a la instalación de nuevos ascensores y refuerzos de tabiques de hormigón armado”.
Actualmente, la causa continúa en etapa de producción de prueba pericial y testimonial, mientras se desarrolla la acción civil por daños y perjuicios, reclamando la reparación integral de los perjuicios materiales y morales ocasionados por el siniestro. La etapa de instrucción podría extenderse hasta 2026, y los resultados de las pericias técnicas determinarán la responsabilidad final de los imputados.
