La Argentina presentó el jueves los argumentos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos para buscar que esa instancia anule definitivamente la orden de entrega de las acciones del Estado en YPF en el juicio que enfrenta el país por la expropiación de la petrolera.
Se trata de la apelación del Estado argentino contra el fallo de la jueza Loretta Preska, en el que dictó que nuestro país debe pagar USD 16.000 millones –más intereses– a dos fondos que, a raíz de esto, exigieron quedarse con las acciones que tiene el Estado en la empresa (51% del paquete).
La defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro y un estudio de abogados estadounidense, sostiene entre sus principales argumentos que se trata de una orden "sin precedentes" y que viola los principios fundamentales del derecho internacional y de la legislación estadounidense.
Los fundamentos de la defensa argentina
Los argumentos del cuerpo de abogados, encabezado por Santiago Castro Videla, ya habían sido manifestados anteriormente y plantean los siguientes puntos:
1- Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EE.UU., nunca para bienes fuera de su territorio.
2- Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de “turnover”, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.
3- Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: las acciones de YPF no están “en los Estados Unidos”, nunca fueron “utilizadas en una actividad comercial en EE.UU.” ni “en la actividad comercial que dio origen al reclamo”, requisitos exigidos por la FSIA.
4- Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (“comity”) y la doctrina del acto de Estado (“act-of-state doctrine”), pilares de las relaciones entre naciones.
Desde la Procuración resaltaron que el gobierno de Estados Unidos realizó dos presentaciones en apoyo a la posición argentina, en los que advirtió que la orden de Preska no tiene precedentes y que, de confirmarse, pondría en riesgo los intereses norteamericanos en el exterior al abrir la puerta a represalias contra activos de EE.UU. en otros países.
“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá esta decisión y reafirmará el respeto a la soberanía de los Estados y a las normas fundamentales del derecho internacional”, afirmaron en la Procuración.
Cómo continúa el juicio a YPF
Tras la presentación de la defensa argentina, el 14 de noviembre vencerá el plazo para la presentación de argumentos escritos de los demandantes. Luego, casi un mes después, el 12 de diciembre será la fecha límite para argumentos de réplica de Argentina.
De todos modos, la Procuración apunta a que haya novedades en la cuestión de fondo del caso el 29 octubre, cuando se presenten los argumentos orales de la apelación por la condena original contra la Argentina.
A pocas semanas de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York celebre una audiencia clave por la expropiación de 2012, la jueza Loretta Preska dictó un fallo que vuelve a poner a YPF bajo presión. La magistrada ordenó que la compañía entregue documentación interna considerada sensible, en el marco de la discusión sobre si opera o no como un “alter ego” del Estado argentino.
