Tras casi tres meses de reuniones, la comisión especial de la cámara de Diputados que investigó el caso $Libra dio por concluida su labor y presentará el informe final el próximo 18 de noviembre. Desde la Coalición Cívica anticiparon que impulsarán acciones judiciales, mientras que el oficialismo y la oposición protagonizaron un fuerte cruce político en el cierre.
Según explicó el diputado Juan Marino, el trabajo parlamentario permitió recolectar indicios que “refuerzan la hipótesis de que el presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”. El legislador presentó además un informe técnico elaborado por el experto en blockchain Fernando Molina, donde se detalla que más de 140 mil billeteras virtuales operaron con la criptomoneda Libra, de las cuales 36 registraron ganancias superiores al millón de dólares.
A propuesta de la diputada Mónica Frade, la comisión resolvió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que había rechazado el pedido de auxilio de la fuerza pública.
Además, acordó impulsar denuncias penales contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Eduardo Taiano y varios funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia Florencia Zicavo, los representantes de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva y Sergio Morales, y el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc. A todos se los acusa de mal desempeño, falta de colaboración e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, destacó que durante el proceso “se llevaron adelante 11 reuniones de trabajo, se dispusieron medidas de prueba, se recibieron documentos de exchanges, organismos públicos y especialistas, consolidando un expediente de 10 cuerpos que será remitido al Juzgado Federal a cargo de Martínez de Giorgi y al fiscal Taiano”.
La defensa del oficialismo
Durante la reunión final, la diputada Alida Ferreyra (La Libertad Avanza), que participó en representación del bloque oficialista, leyó un documento donde se calificó al proceso como “nulo”. Afirmó que la comisión entorpeció la investigación judicial y vulneró garantías individuales al intentar citar con la fuerza pública a personas “que ni siquiera están acusadas” en el caso.
La respuesta opositora no tardó. La diputada Sabrina Selva aseguró que “el oficialismo se ausentó de la comisión” y defendió la actuación de los legisladores: “No obstruimos la investigación judicial, al contrario, colaboramos con la Justicia”. Por su parte, Mónica Frade replicó que “hay un reglamento que sería importante que el oficialismo, cada tanto, lo lea”, y negó cualquier intromisión en causas judiciales.
Selva también reveló que la comisión identificó transferencias de criptomonedas que coinciden en montos y fechas con los pagos mencionados en un presunto “acuerdo de cooperación” para monetizar la imagen del presidente Milei, publicado por el periodista Hugo Alconada Mon.
Según ese documento, se habrían pactado 300 mil dólares iniciales y 250 mil mensuales a cambio de la representación exclusiva del Estado argentino en temas de blockchain.
En respuesta a un oficio de la comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera a nombre de Mauricio Novelli, que recibió transferencias por 300 mil dólares entre el 19 y el 30 de noviembre de 2024, y otra de 250 mil el 17 de enero de 2025, en coincidencia con el cronograma del supuesto acuerdo. Parte de esos fondos —al menos 30.897 dólares— habrían sido transferidos por Novelli a otras billeteras distribuidas en exchanges internacionales como OKX, Bybit, Bitget y Binance.
La comisión concluyó que estas operaciones podrían corresponder a pagos realizados por Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, en el marco de ese acuerdo. Por eso, se librarán nuevos oficios a las plataformas para rastrear el destino final de los fondos.
