Evelin y Walter viven una situación desgarradora desde hace unas semanas cuando la Justicia decidió sacarles, después de más de dos años, a una niña que habían acogido dentro del programa de Familias Solidarias. Los padres, pidieron revertir la situación, pero se chocaron con la frialdad de las leyes y el desinterés del Estado.

“Un día estábamos almorzando y vimos una nota donde pedían familia solidaria para tres bebés que habían nacido con droga en sangre. Nos anotamos para ayudar a los chicos y que no estén en un hogar. A la semana nos llamaron para acoger a esta niña, dijimos que sí y llegó”, contó Evelin en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

Las Familias Solidarias de Santa Fe fueron pensadas como un mecanismo para evitar que los niños, que por diversos motivos tienen que salir de su entorno familiar, tengan que ir a una institución y reciban el cariño y la atención que necesitan para salir adelante.

Quienes se inscriben en este programa de la Secretaría de Niñez saben que no pueden anotarse en el registro de adoptantes y desde el Estado se comprometen a que el tránsito del niño o niña por esa casa no supere el plazo de los seis meses para evitar que el momento de la despedida sea una nueva situación dramática para los chicos.

Pero en el caso de esta familia, al igual que muchos otros, la realidad fue muy distinta a lo que se plantea en la ley. Cuando se cumplió el plazo de seis meses, la niña seguía en la casa y así fue hasta que se cumplieron los dos años.

“Estuvo muy abandonado el caso, Niñez la verdad que no estuvo presente. Nosotros fuimos preguntando porque en principio se iba a ir con la familia paterna para priorizar el vínculo y en noviembre del año pasado nos dicen que había salido la adoptabilidad de la nena. Ahí decidimos pedirla nosotros”, contó la mujer.

En diciembre la jueza dispuso que no podían formalizar la adopción por ser familia solidaria y porque la niña no estaba en “estado de adoptabilidad”. “El 15 de abril nos presentamos en Niñez. Ahí nos dijeron que el miércoles iba a conocer a la persona adoptante. Que sí o sí teníamos que ir al Registro Unico de Aspirantes con Fines Adoptivos (Ruaga) con la nena. Fuimos, había como 15 personas. La nena nos miraba y nos decía a cada rato «Mami, papi»”, recordó.

Después de eso, Evelin señaló que se les informó que tenían que entregar a la niña porque había salido la adopción. “La jueza me dijo que ella ya tomó la decisión. Le dijimos que piense en la criatura, no en las leyes. Porque si pensamos en las leyes, el plazo máximo dice que no podía ser superior a seis meses”, remarcó la mamá.

“Les pido que escuchen a la nena, la decisión la tiene que tomar ella. Porque ella nos adoptó a nosotros. Estuvo con nosotros 24 meses y antes estuvo 4 en un Hogar. Es decir, que estuvo 28 meses sin que el Estado hiciera nada”, agregó.

En un intento de revertir la situación, Evelin explicó que se puso en contacto con la jueza, pero que recibió una respuesta “muy fría y prepotente”. “No me habló de una manera normal, me gritaba. Le molestó que la llame. Ella no entiende que los plazos de los niños no son los mismos que los de los adultos ¿Cómo le explicás a una niña que se tiene que ir?”, se preguntó con la voz entrecortada.

Ante la agresividad de la Justicia, los padres fueron a Niñez a intentar buscar contención y ayuda, pero la respuesta no fue muy distinta. “Cuando les contamos la situación de la niña, cómo lloraba y que no se quería separar, la psicóloga nos contestó que «si un niño llora, no significa que esté sufriendo». Esa fue la respuesta que nos dio Niñez”, remarcó indignada.

La respuesta de Niñez

En diálogo con Radio 2, la secretaria de Niñez Daniela León reconoció que la situación “no es justa”, principalmente para la niña. “Comparto absolutamente lo que dice la mamá. Los escuché cuando vinieron a la Secretaría de Niñez. es un caso que viene de hace dos años, nosotros asumimos hace cuatro meses. No es el único caso, las familias solidarias tienen por ley 6 meses de plazo pero también en el Código Civil el plazo se amplía hasta un año y medio”, aclaró.

Con respecto al programa de Familias Solidarias, León explicó: “Tenemos en vigencia una legislación que es nueva que terminó con el orfanato y que genera distintas modalidades de alojamiento. Una es la de los centros residenciales con pocas plazas para que el niño sienta que vive en una casa y no con cientos de otros pibes y la otra modalidad son las familias solidarias”.

Por ley tiene un plazo de 6 meses pero en el Código Civil se puede extender por un año y medio. La pregunta que me hago es: ¿un año y medio no es mucho tiempo también? si, lo es. Pero la ley es muy clara”, insistió.

“Nosotros tenemos mucho trabajo ahora porque el sistema estaba detonado. Las familias solidarias son un tema que tenemos que trabajar muchísimo. En primer lugar, quien se anota como familia solidaria no puede hacerlo en el Ruaga. Eso es así por ley. Es indiscutible que se forma un vínculo y a mi me preocupa mucho más que es el segundo desapego de la niña”, agregó la funcionaria.

Consultada sobre la forma de actuar de la jueza, la secretaria de Niñez sostuvo que lo que hizo fue “hacer las cosas conforme a la normativa vigente”. “También hubo algunas intervenciones legales erróneas por parte de la familia solidaria, por ejemplo,que pidió la adopción de la niña cuando no estaba declarada en estado de adoptabilidad. Pero entiendo todo porque en el medio está el vínculo que se genera”, señaló.