La semana pasada una jueza provincial imputó por estafa y administración fraudulenta a Luis Herrera. El financista está acusado en 85 hechos por 5 millones de dólares y 34 mil euros. Sin embargo, el imputado logró quedar en libertad tras comprometer una fianza de 3 millones de dólares. A los pocos días de ese hecho, otra integrante de la Justicia santafesina dictó la prisión preventiva por tres meses para un hombre que arrebató una cadenita en el centro de la ciudad.
Pese a que en ambos casos los imputados cometieron un delito en uno de ellos, el de mayor defraudación económica. el imputado logró quedar en libertad. Mientras que en el otro, el ladrón permanecerá hasta febrero del 2023 en prisión.
Consultada sobre si se podría entender que existe una “doble vara” en la Justicia de Santa Fe, la titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), Jaquelina Balangione reconoció: “La selectividad del sistema penal es notoria y cada vez más marcada”.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la funcionaria judicial sostuvo que “hay un mal funcionamiento general del sistema. Las penas más fuertes recaen sobre los sectores más vulnerables”.
“Es algo que nosotros venimos repitiendo desde nuestra política al frente de la Defensa Pública porque lo venimos viendo. Es un problema del sistema y la política criminal”, señaló Balangione.
Sobre el caso puntual de Herrera, la titular de la defensoría pública penal sostuvo: “Siendo defensora me comprenden las generales de la ley y en todos los casos hay un principio de inocencia. Yo no puedo decir que esté mal o bien porque la jueza habrá ponderado los peligros procesales. Pero en general me pregunto: ¿de dónde saca el dinero esta persona para tener 3 millones de dólares y pagar una fianza siendo que se la imputa por delitos patrimoniales?”.
Además, Balangione analizó la realidad carcelaria. Si bien reconoció que “hay un esfuerzo del Ministerio Público de la Acusación para investigar los delitos económicos” y “hay muchas bandas criminales cuyos integrantes están presos por actuación de la Justicia provincial. Pero son casos aislados entre los 9 mil pesos que hay hoy en la provincia”.
“En la mayoría de los casos, son personas que están presas por delitos menores y un 50 por ciento lo está por prisiones preventivas. Vemos que no todos tienen el mismo acceso y que la prisión funciona como un adelantamiento de pena”, añadió.
Con respecto al incremento de presos que se viene registrando en los últimos años, en parte por el incremento de prisiones preventivas, la defensora pidió hacer un análisis sincero. “Aparentemente cuantos más presos hay, más eficiente se muestra el sistema penal. Pero ¿nosotros estamos viendo esa eficiencia?, ¿sentimos que hay menos hechos?”, se preguntó.
“Como ciudadana me parece que pasa todo lo contrario. El sistema carcelario es un caldo de cultivo y una fuente de problemas que repercute en la sociedad y el delito”, analizó.
Por último aclaró: “Acá no se está defendiendo el delito, sino que se postula aplicar la ley como dice la Constitución y como el Código Procesal estipulaba: con una vara igualitaria para todo el mundo”.
