El Concejo sesionó este jueves y aprobó el pedido de la firma Rusitano S.A para ampliar en 9 mil m2 el centro comercial conocido como Fisherton Plaza Chic Mall, cercano al aeropuerto Islas Malvinas. El expediente tuvo un acelerado trabajo en comisiones esta semana y logró el despacho favorable de Planeamiento y Gobierno, lo que posibilitó su tratamiento en el recinto.
Entre los argumentos del oficialismo para agilizar el trámite estaba el de un crédito que el privado tenía preaprobado y que debía confirmar antes de fin de mes. Caso contrario perdía ese financiamiento y había riesgo de que la obra en cuestión y todo lo que representa en términos de inversión, quedara trunca.
Si bien todos los bloques coincidieron en que la construcción de cinco nuevos edificios de oficinas, locales comerciales y cocheras es beneficiosa para el desarrollo comercial y urbanístico de esa zona de la ciudad, el principal planteo de quienes se mostraron en contra del proyecto tuvo que ver con lo ambiental.
Es que en marzo de este año el juez en lo Civil y Comercial, Marcelo Quiroga hizo lugar de forma parcial a un amparo presentado por la Procuración de la Corte que acusaba al centro comercial de contaminar el Arroyo Ludueña.
La investigación en cuestión fue llevada adelante desde el 2020 por la fiscalía Extrapenal a cargo de María Laura Martínez. La misma dejó en evidencia una serie de irregularidades que se mantienen desde hace unos diez años y que ni provincia ni municipio constataron.
Para la fiscal Martínez, el shopping es responsable de “verter líquidos cloacales a un canal que luego desagua en el Ludueña, destacando que no cuenta con autorización para sus actividades por no haber obtenido el certificado de aptitud ambiental, no haberse conectado a la red cloacal, no informar sobre su sistema de recolección de líquidos generados por desechos cloacales y no haber acreditado fehacientemente el retiro de los residuos líquidos, ni su periodicidad, por lo que considera que el centro comercial se encuentra funcionando de manera clandestina e ilegal”.
Por todo esto es que pidió el cese de actividad del centro comercial. Pero esa parte del amparo fue rechazada por el juez Quiroga ya que consideró que no se pudo comprobar fehacientemente que la firma sea responsable, al menos no la única, de la contaminación del Arroyo.
A lo que sí hizo lugar es a una serie de medidas que la empresa tiene que hacer para regularizar su situación en un plazo de seis meses. Una de ellas tiene que ver con la instalación de una planta de tratamiento de efluentes cloacales y líquidos residuales y la gestión del certificado de Aptitud Ambiental.
El desenlace de este proceso judicial se dio casi en simultáneo con el pedido de la empresa para ampliar su predio. Eso hizo que el Concejo centre la discusión del permiso en lo ambiental y en la falta de obras y controles por parte de los organismos competentes del Estado.
De acuerdo al racconto que hizo la presidenta de la comisión de Ecología, Luz Ferradas, el shopping comenzó a funcionar en 2013. “Como no existía una red cloacal en la zona, la provincia le otorgó un certificado de aptitud ambiental provisorio en el que condiciona a que, cuando la obra (de cloacas) estuviese finalizada, iban a tener que solicitar la conexión a la red. La obra (de cloacas) terminó en 2015, pero la empresa nunca solicitó conectarse”, remarcó la edila.
“También se le solicitaba un plan de gestión de los desechos cloacales y los de la planta de ósmosis inversa, que también construyó porque no había agua potable, pero ese plan nunca se presentó ¿Qué hace el shopping con los desechos cloacales?, hizo una cámara que se llena y se desagota con camiones atmosféricos que después lo descartan. Pero nunca informó con qué periodicidad se hace esa descarga ni qué tratamiento tienen esos desechos”, aseveró.
Esta serie de irregularidades planteadas por Ferradas son las que salieron a la luz a partir de la investigación judicial. Recién ahí fue cuando la empresa comenzó el proceso para normalizar su situación y, según entendieron los concejales que votaron en contra, ese proceso está lejos de haberse terminado.
“El 26 de enero del 2022 pidió la factibilidad para conectarse a la red cloacal y recién el 26 de junio del año pasado informó que tenía un proyecto para tener una planta en el mismo shopping. Consideramos que está bien que se hagan cargo y dentro del mismo espacio puedan tratar los desechos. Pero hoy esa planta no existe, no está funcionando. Solamente sabemos que tiene un crédito aprobado del banco municipal para construirla”, remarcó la concejala de Ciudad Futura.
Por estos motivos dejó en claro que la postura del bloque era no acompañar este permiso ya que consideraban que se necesitaba más tiempo para su tratamiento y para constatar efectivamente que la empresa estaba cumpliendo con lo dispuesto por la Justicia.
En ese mismo sentido se manifestaron los concejales del Justicialismo, que también votaron en contra. Incluso la edila Silvana Teisa fue un poco más allá y advirtió que en el predio “hay un edificio de oficinas y de salud que nunca obtuvieron permiso de edificación y por ende no tienen final de obra”.
Por su parte, la concejala Norma López remarcó la preocupación que genera saber que “hay una empresa que desde el 2015 no ha sido auditada ni por el municipio ni por la provincia". “Perdimos ocho años increíbles, a los que le vamos a tener que sumar otros 24 meses hasta que se terminen las obras de la planta de tratamiento de efluentes”, remarcó la concejala.
Además, López reconoció que la postura del municipio, que señala que de la aprobación del Concejo depende que el grupo empresario consiga o no el crédito, genera una situación incómoda.
“Parece que ellos hicieron algo mal durante ocho años y nosotros ahora se lo tenemos que solucionar porque si no pierden el crédito. No puede ser que lleguen al Concejo sobre la hora a pedirnos que les salvemos las papas porque nos dejan entre la espada y la pared. La situación económica hace que sea difícil conseguir estos créditos, entonces es difícil dejarlos pasar. Pero no podemos convalidar lo que pasó en esos ocho años”, aseveró.
La respuesta del oficialismo llegó por el lado de la propia presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck quien aclaró que las diferencias de opinión son válidas, pero descartó que la celeridad del expediente haya tenido que ver con lobby ni favoritismo. Cabe destacar que uno de los titulares de la firma que opera el shopping es quien lleva adelante la reapertura de La Favorita y también trabaja en un desarrollo inmobiliario en torno al Village.
“Acá no tiene que ver con el empresario, ni porque sea un emprendimiento que genera 1.200 puestos de trabajo, ni por la inversión de 4 millones de dólares para la ciudad. Obvio que todo eso ha influido para que, todos los que teníamos alguna posibilidad de gestionar para que se regularice la situación, lo hiciéramos de una manera efectiva y veloz. De eso se trata también gobernar”, apuntó.
En cuanto a las irregularidades, Schmuck reconoció que existe una falta desde lo administrativo, "pero el emprendimiento va a contar con todo lo que la Municipalidad y la Justicia le exigía". "Ya presentó la documentación respaldatoria necesaria para ponerse en condiciones”, aseveró la presidenta del Palacio Vasallo.
“A partir de la sentencia todos dijimos que no íbamos a tratar el expediente de la ampliación hasta que el emprendimiento no regularice su situación ambiental. Personalmente me ocupé de que eso sucediera. Hablé con la Justicia para saber cuáles eran los procedimientos y mecanismos que debería tomar el emprendimiento, también consulté a los equipos técnicos del municipio y debo decir que, a mi juicio, eso está subsanado”, insistió Schmuck.
“Lo que queríamos desde el Ejecutivo y lo que quería la Justicia era que se regularice la situación”, sostuvo la concejala oficialista. En ese sentido, hizo una aclaración con respecto a la interpretación del fallo judicial: “La sentencia dice claramente que «los elementos reunidos en autos no permiten atribuir la contaminación de forma directa a la accionada, motivo por el cual, el pedido de cese de actividades no es procedente»".
"Lo que pide la Justicia, un mecanismo que permita que, aunque no esté demostrado judicialmente que sea responsable absoluto de la contaminación del Ludueña, tenga todos los mecanismos que permitan pensar que no contribuyen a eso”, resumió.
En la misma sintonía habló el concejal de Juntos por el Cambio Martín Rosúa quien se refirió a la recolección de la prueba en la que se basó el pedido de amparo que presentó la fiscal y que se realizó a 2 kilómetros de donde está ubicado el shopping.
“El resultado es que hay contaminación y que tiene varios causantes posibles. Uno de esos es probable que sea el shopping. Pero desde el centro comercial dicen que no hay conexiones clandestinas al arroyo por lo que no se estaba contaminando de forma voluntaria o decidida", señaló.
Y a eso, agregó: "El juez pidió una inspección ocular en la que no se encontraron conexiones clandestinas. Así y todo se acciona contra el shopping y se le ordena regularizar el tratamiento”.
Pero además, Rosúa detalló que buena parte del problema ambiental se generó ante la falta de obras de infraestructura. “Le pedimos al shopping que tenga conexión cloacal, pero Aguas Santafesinas le dice que no se puede conectar porque colapsa la red”, remarcó.
“Con todo esto llegamos al punto final donde el Ministerio de Ambiente pide la instalación de una planta que la empresa adquirió y está instalando. En junio o julio ya va a estar en funcionamiento, para nosotros hay un conflicto que está resuelto. Eventualmente la municipalidad no debería habilitar comercialmente los nuevos espacios si esa planta de tratamiento de líquidos no está en funcionamiento”, concluyó el edil.
Después de más de dos horas de discusión, el proyecto se aprobó por 15 votos positivos, 9 negativos y las abstenciones de los concejales Miguel Tessandori y Valeria Schvartz quienes consideraron que eran válidas tanto las posturas a favor, como los planteos en contra y prefirieron no definirse por ninguna.
