El Gobierno nacional declaró secreto militar las operaciones contractuales vinculadas con una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida quedó establecida en el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y deja fuera de las obligaciones habituales de publicidad y difusión las actuaciones relacionadas con esa compra.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti. Sin embargo, el texto no identifica el material que se pretende adquirir, el monto de la operación, los proveedores ni la fuerza que recibirá el equipamiento.

   
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Como fundamento, el decreto sostiene que la naturaleza, las características y la finalidad de la adquisición requieren que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas, debido a que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

La medida se encuadra en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además del decreto 9390/63, que contempla como secreto militar determinadas adquisiciones, fabricaciones y construcciones vinculadas con la preparación y el empleo de las fuerzas.

La decisión se conoce en medio de una escalada diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno de Milei anunció medidas contra empresas petroleras que operan en las islas sin autorización argentina y avanzó con acciones vinculadas al proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion. También ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

En ese marco, el nuevo decreto se suma a las decisiones del Ejecutivo relacionadas con el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. No obstante, la documentación publicada no permite establecer si la adquisición reservada está vinculada con operaciones en el Atlántico Sur o con necesidades militares específicas.

Cabe destacar que el Gobierno ya había dictado otros decretos para mantener bajo reserva operaciones vinculadas con el reequipamiento militar.

Entre los antecedentes figuran las normas relacionadas con la compra de aviones de combate F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para incorporarlos y contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (Foreign Military Sales, FMS). También hubo una disposición vinculada con la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.