Organizaciones ambientales expresaron que a pesar de haber saldado una vieja deuda, el decreto presidencial que creó un "Ente de Control de la Hidrovía Paraná-Paraguay" no incluye una participación ciudadana formal y señalaron “la ausencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Consejo Directivo”.
La Fundación Cauce y Taller Ecologista destacaron que la importancia de contar con un órgano de control de la vía navegable, postergado durante 25 años. Pero criticaron “la deliberada ausencia de la participación ciudadana, que los ecosistemas fluviales continúan sin protección y que el decreto profundiza el modelo extractivista vigente y su mega infraestructura asociada, sin considerar las consecuencias ambientales y territoriales que genera”.
A través de un documento de posición, las organizaciones realizaron un pormenorizado análisis de la letra del Decreto 556/2021, con fecha 24 de agosto de 2021, firmado por el presidente Alberto Fernández.
En primer lugar, las ONG reprochan regular la constitución del órgano por DNU cuando deberían ser los legisladores quienes debatan “la gestión de esta vía navegable”. También que 25 años después sigue estando ausente la participación ciudadana.
“En los considerandos del decreto –marcan– se hace referencia a mecanismos de participación, a la necesaria concurrencia de actores públicos y privados para dar respuesta a las necesidades productivas y al desarrollo económico federal. Sin embargo, la participación se ciñe directamente a los actores interesados en el tráfico fluvial, en su ampliación, en su mayor desarrollo y no existe lugar para la participación ciudadana, es decir, para que la ciudadanía interesada y, en particular las comunidades afectadas por esa infraestructura intervengan en las decisiones sobre sus territorios”.
En este punto, a su vez, subrayan que el actual contexto normativo es totalmente favorable para diseñar, implementar y definir reales espacios de participación ciudadana en los ámbitos en los que se definirá el futuro de ecosistemas, de territorios y la continuidad o no de un determinado modelo productivo extractivista. Al tiempo que recuerdan que las normas que habilitan la participación ciudadana ya existían en Argentina y se han visto reforzadas con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, que fue aprobado por ley del Congreso de la Nación en noviembre de 2020.
El análisis afirma que “los ecosistemas siguen sin protección”. “La ausencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Consejo Directivo implica un claro déficit en materia de cumplimiento de la normativa ambiental, tanto en el proceso de confección de los pliegos licitatorios como posteriormente, en el control de las concesiones y, en general, en la planificación de esta mega infraestructura implantada en ecosistemas fluviales”, señalan.
Además, las organizaciones advierten que se han desoído los debates, reflexiones y peticiones realizadas desde la sociedad civil, reclamando un cambio de modelo productivo y un cambio de gestión de las vías fluviales y el transporte en nuestro país. Más específicamente, las propuestas presentadas por organizaciones socioambientales ante el Consejo Federal de la Hidrovía no fueron consideradas.
“La situación, conforme se puede advertir en el texto de este Decreto, continuará del mismo modo que en los últimos 25 años; sólo que ahora se contará con un organismo para controlar la profundización del modelo extractivista actualmente vigente y su mega infraestructura asociada, sin considerar una vez más las consecuencias ambientales y territoriales que genera”, concluyen en el documento.
