El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le pidió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que el Gobierno nacional brinde protección a los jueces y fiscales federales de la provincia Santa Fe, luego de que fueran objeto de amenazas de muerte durante la semana pasada y en medio de la ola de violencia y crímenes que apremia a Rosario y la región. El funcionario del Ejecutivo se comprometió a reforzar las custodias.
La comunicación se dio días después de que fueran amenazados el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.
La intimidación, según fue denunciada, se produjo a través de un mensaje de WhatsApp que le llegó al senador provincial por el departamento General López Lisandro Enrico. Se trataba de una foto de una pistola Bersa y un texto que los amedrentaba con “balas y granadas”.
Fue en ese contexto –sumado a las amenazas y balaceras contra dependencias judiciales relacionadas con el narcotráfico– que Rosatti llamó al jefe de la cartera de Seguridad y le pidió mayor presencia de fuerzas de seguridad y custodia para los funcionarios del poder judicial.
El ministro Aníbal Fernández, según consignó La Nación de fuentes judiciales, se comprometió en diálogo con el presidente de la Corte a intensificar la custodia sobre los jueces federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
