El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, reclamó un acuerdo político sustentable para definir políticas claras y perdurable para combatir el delito y poner freno a la ola de violencia que atraviesa Rosario, al tiempo que lanzó una fuerte advertencia sobre la falta de recursos que padece el Ministerio Público de la Acusación (MPA), algo que condiciona el avance y la eficiencia de las investigaciones judiciales.
En ese sentido, durante una entrevista con el programa Radiópolis, de Radio 2, Baclini comparó la estructura que tiene el organismo a su cargo en toda la provincia con la de Mendoza: mientras en Santa Fe el MPA cuenta con un plantel de 650 personas, en la provincia cuyana son 1.600.
Como ejemplo concreto de la falta de recursos, el funcionario judicial contó que el MPA adquirió en el último tiempo tecnología para peritar los celulares que se secuestran en allanamientos, para así acelerar y profundizar las investigaciones sobre las bandas narco, pero que no cuenta con el personal para operarla.
Este es uno de los aspectos que, entiende Baclini, debe ser incluido en un acuerdo entre los distintos sectores políticos santafesinos. Como también la cuestión de que se sigan digitando delitos desde las cárceles, un tema que se instaló desde hace mucho tiempo y para el que “no hay respuesta”.
“Cuando uno habla de acuerdo político, está el tema de qué se va a hacer con el Servicio Penitenciario para ver cómo se controla el delito que se dirige desde la cárcel. Es insólito que se siga permitiendo eso para una ciudad tan violenta como Rosario”, enfatizó.
Baclini advirtió además que hay un aumento notorio de la cantidad de delitos cometidos por menores y que eso deriva en que también haya cada vez más víctimas de ese segmento etario. “Los menores que salen atacar a la vez también son víctimas, porque cuando entran en el círculo de violencia quedan atrapados”, explicó. Lo mismo pasa, agregó, con las mujeres.
