Las máximas autoridades provinciales se reunieron en la sede del MPA, la semana pasada, para un desayuno de trabajo en el que se habló del funcionamiento del Nuevo Sistema Penal que acaba de cumplir una década en Santa Fe. Entre los invitados estuvo la ex Defensora General, Jaquelina Balangione, que aprovechó la ocasión para plantear sus discrepancias a las reformas que se impulsan, especialmente aquellas dirigidas al Servicio Público de la Defensa (Sppdp).

En diálogo con el diario El Litoral de Santa Fe, Balangione hizo un diagnóstico de la situación actual: “Una no vive en un frasco de goma, da mucha impotencia, da miedo, da bronca la inseguridad que padece la sociedad, pero estoy convencida de que es imposible que el Estado atrape a todos los delincuentes, eso está en el imaginario social”, sostuvo. Luego opinó que “la Defensa tiene que crecer, no achicarse, porque es la puerta de entrada a la comunidad”.

Balangione contó unos 10 meses atrás, cuando terminó su gestión como Defensora General de la provincia rindió "un informe en la Cámara de Diputados donde estaban todos los sectores políticos del Estado y la gestión fue aplaudida”. Y añadió: “No entiendo por qué una gestión que termina aprobada y aplaudida decanta en un menoscabo de la Defensa pública” cuando “veníamos de una clara intención de ampliación y fortalecimiento institucional, que fue la de 2017-2023”.

Balangione hizo hincapié en una idea que viene sosteniendo desde hace tiempo, que es la unificación de las Defensas Civil y Penal en órgano único. “La defensa Civil tiene que estar unida con la Penal, porque son las mismas familias que caen con hechos de violencia, con consumo problemático desde que son chicos, con situaciones de abandono, de abuso sexual infantil, intrafamiliar, etcétera. Y de esas mismas familias son los que después entran, primero como menores cometiendo delitos y después al sistema penal”, expresó. 

No me gusta que el Ejecutivo meta el pie adentro del Poder Judicial

Por otra parte, se hizo eco de algunas voces que deslizaron que la Defensa Pública "defiende a costa del Estado a gente rica". "No es así, los ministros saben que adentro de la cárcel- no hay gente rica”, respondió. 

En la misma nota con El Litoral, Balangione rechazó la idea de que la Defensa Pública genere una debilidad de la actividad privada, porque “lógicamente los abogados quieren cobrar sus honorarios porque es su trabajo, no lo pueden hacer gratis. Y los procesos no se pueden llevar a cabo si no hay defensas, o sea que la defensa penal es un sujeto necesario esencial en el proceso”, enfatizó.

En síntesis, la magistrada sostiene que “la Defensa tiene que crecer, no achicarse; porque la gente accede a la justicia a través de la defensa. Eso es lo que garantiza la Constitución, el acceso a justicia". “En el momento que se haga, va a ser de impacto en la vida social y en la seguridad porque los problemas se van a atajar antes”, evaluó.

“Yo quiero ser bien coloquial, a mí no me interesa lo que piensan los funcionarios, si bien me gustaría llegarle con el mensaje. Yo quiero que la gente lo entienda”, comentó Balangione. 

Luego consideró que “es imposible que el Estado atrape a todos. La gente piensa que con más difusión de las normas que llevan presos a los ladrones se va a terminar el problema y eso no es así, eso está en el imaginario pero nunca en la realidad”.

“El Estado atrapa a algunos, y yo le pregunto a la gente, qué respuesta estamos dando, qué conseguimos con esas entradas a la cárcel de algunos meses o de un par de años, en donde estos pibes que entran salen peor”.

“Comparto que es un buen momento para repensar el sistema penal. No me gusta la dirección que se está tomando, me gusta más la idea del Plan Estratégico donde los jueces, los empleados judiciales, el gremio, las universidades y el Gobierno son escuchados. Trabajando en comisiones de donde sale un proyecto depurado y consensuado con todas las voces”, apunta.

“No me gusta que el Ejecutivo meta el pie adentro del Poder Judicial porque hay una división de poderes que tiene que respetarse. Que las leyes se pueden reformar, por supuesto que sí, pero este tipo de proyectos que son estructurales, como por ejemplo reformar la justicia Civil, o la Corte, tienen que tener un consenso porque no se puede hacer a los apurones”, finalizó Balngione.