En medio de los rumores de suspensión de la ley de alquileres, una decisión que el gobierno nacional tendría tomada mientras explora opciones para modificar la normativa que regula el mercado desde hace casi tres años pero que aún no oficializada, mantiene expectantes a inquilinos, propietarios e inmobiliarias, impactados de diferentes maneras frente al posible cambio. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios reconocieron que la incertidumbre disparó “llamados y consultas” y la misma preocupación expresó la Agrupación de Inquilinos Rosario. “No sabemos lo que va a hacer el gobierno”, dijeron.
Los dichos y trascendidos en relación a una posible suspensión de la ley incrementaron las dudas del universo de inquilinos en Rosario y la región porque, si se concreta, desconocen qué sucederá con los contratos vigentes y los que estaban a punto de firmarse, al tiempo que también genera vacilaciones en torno a cómo impactará en el mercado, una preocupación que comparten las inmobiliarias y los dueños.
En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Emmanuel Canelli, representante de Inquilinos Agrupados Rosario, afirmó que una suspensión e incluso este clima de incertidumbre “terminan perjudicando firmemente a los inquilinos” y sostuvo que por el contexto “se frenaron las firmas de contrato” para renovaciones.
“Queda la gente en la calle, toman decisiones sin saber cuál es la realidad. No le exijo a Sergio Massa -ministro de Economía- que alquile para poder dar respuestas, simplemente le pedimos que estudie el panorama, pida datos oficiales, utilice los informes que produce el Estado”, expresó.
Además, postuló que Massa “quiere solapar su pésima gestión con la ley de alquileres” y explicó que el problema es meramente económico, ya que el reclamo de los inquilinos es que no tienen dinero para pagar el alquiler y el de los propietarios que no les resulta rentable. “La ley es un ordenador”, dijo.
Las inmobiliarias, intermediarias en las operaciones de alquiler de viviendas, también se encuentran ante la falta de certezas y a la espera de información oficial, aunque reconocieron, según relató Alejandro Juri, representante de la Cámara Inmobiliaria de Rosario en la Federación Inmobiliaria Argentina, que este clima lleno de interrogantes disparó los “llamados y consultas” de inquilinos y dueños.
"Hasta ahora no hay absolutamente ninguna modificación y la ley está vigente. Lo único que tenemos es un trascendido”, aclaró.
En este contexto, una de las grandes incógnitas es qué pasa y pasará con los contratos vigentes y los que están próximos a firmarse si se avanza con la suspensión en busca de una nueva ley.
“En un panorama normal no afectaría, como lo fue el pasaje de la ley vieja a la actual, convivieron durante un tiempo dos ordenamientos de alquileres distintos, pero no sabemos qué va a hacer el gobierno nacional”, respondió Canelli.
Cabe destacar que la ley sigue vigente, por lo cual los contratos que se confeccionen deben hacerse de acuerdo al marco legal actual.
El ojo sobre las inmobiliarias
Juri coincidió con Canelli sobre el origen del problema en la economía del país y sostuvo que no se estaría planteando la suspensión de la ley en un contexto de inflación más baja y controlada. No obstante, pidió "no rotular" a las inmobiliarias como las responsables del desajuste, pese a reconocer que hay algunas que actúan fuera de la normativa, motivo por el que insita a los inquilinos a denunciarlas en el Colegio de Corredores.
Como hay una baja oferta y precios de alquiler altos, explicó que es difícil encontrar soluciones concretas, aunque convalidó que el Índice para Contratos de Locación (ICL) está "bastante ajustado a la realidad".
“Seguramente debe haber algunas que no actúan de acuerdo a como deberían, pero te puedo asegurar que al Colegio han llegado un montón de cuestiones que se tratan de resolver”, explicó.
