Una movilización multitudinaria que se realizaba en defensa del agua y para frenar el extractivismo en Mendoza terminó con una represión y detenciones de dos activistas.
Convocada por asambleas socioambientales y organizaciones vecinales en rechazo al proyecto minero San Jorge sobre el área protegida conocida como Uspallata Polvaredas, partió desde el kilómetro cero de la capital, y al llegar frente a la Legislatura provincial culminó con golpes, gases lacrimógenos y arrestos.
Entre las personas detenidas se encuentran Liza Rule, militante de H.I.J.O.S. Mendoza, y Martín Iglesias, activista ambiental, quienes —según testigos y organismos de derechos humanos— fueron golpeados y arrastrados hasta el interior de la Legislatura, convertida de hecho en un centro de detención irregular.
Las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos se concentraron frente a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz y el Polo Judicial para exigir su inmediata liberación. La Asamblea por el Agua, la APDH y referentes de la Universidad Nacional de Cuyo calificaron los hechos como un “retroceso grave en materia de derechos democráticos”.
El Ministerio de Seguridad de Mendoza emitió un comunicado donde atribuyó los incidentes a “grupos que buscaron forzar una situación de conflicto”.
Videos y testimonios difundidos por medios locales de Mendoza indicaban que la represión fue iniciada por policías, y agentes de civil y sin identificación visible.
La defensa del agua, eje del conflicto
La movilización se enmarca en la histórica defensa de la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería mendocina y que desde su sanción en 2007 ha sido un símbolo de la resistencia social frente a la megaminera San Jorge, un proyecto de explotación de cobre en Uspallata impulsado por capitales internacionales. Las protestas ambientales en Mendoza son, desde hace años, masivas y pacíficas, y expresan el temor de amplios sectores sociales ante el avance de proyectos extractivos en una provincia caracterizada por la escasez de agua. “Convertir la defensa del agua en un delito es un ataque directo a la democracia y a los derechos fundamentales”, expresaron en un comunicado conjunto varias organizaciones locales.
