Durante la pandemia por coronavirus aumentó la implementación del protocolo para interrupciones legales de embarazo (ILE) y la provisión estatal de misoprostol pero disminuyó seis veces la entrega de preservativos y se eincrementó la violencia obstétrica, detalla entre sus conclusiones la investigación federal colaborativa Los derechos no se aíslan que se presentó el último martes y de la que participaron periodistas santafesinas.
La misma sostiene (y argumenta) que el acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas LGBTIQ+ en todo el territorio argentino "fue dificultado" por el confinamiento.
Coordinada por la ONG Chicas Poderosas Argentina con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental (Ippfrho) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina (UNFPA), de la investigación participaron periodistas y comunicadoras de país.
El trabajo colaborativo presenta, entre otros recursos, 24 entrevistas a personas que cuentan sus historias en relación al acceso a derechos sexuales y reproductivos.
Una de las revelaciones del trabajo fue que durante la pandemia aumentó el número de procedimientos de ILE en algunas provincias adheridas al protocolo oficial, con respecto al mismo periodo en 2019, pero que sin embargo, siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos.
La periodista rosarina Laura Charro –que integró el equipo de la región Centro– contó a Télam que se hicieron pedidos de informes a los ministerios de Salud de cada jurisdicción para solicitarles datos sobre salud sexual y reproductiva, pero menos del 3º por ciento tuvo respuestas satisfactorias.
"Santa Fe es una de las provincias que no respondió, aclarando que se están procesando los datos para darlos a conocer a principios del año que viene, con lo cual en los ítems de la investigación cuantitativa no hay datos oficiales. Lo que hay es información de la Red de Socorristas que registraron 152 acompañamientos para realizar una ILE- de marzo a junio", dijo Charro, al tiempo que añadió: "Seguramente son más porque no todas las organizaciones de socorristas llevan registros y en Santa Fe hay cuatro".
Otro dato que aportó el informe fue que, aunque este año aumentó la distribución de misoprostol por parte del Estado, el movimiento feminista "sigue siendo el garante del acceso a la ILE".
"Los colectivos feministas tienen cada vez más inserción territorial y son quienes tienen trato directo con las mujeres y personas gestantes con intención de interrupción del embarazo", apunta el informe Los derechos no se aíslan, entre las conclusiones.
A la vez, el estudio reveló que la violencia obstétrica fue "otra de las constantes" que se visibilizaron durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) y que la pandemia de coronavirus "también afectó la entrega de anticonceptivos: disminuyó seis veces la entrega de preservativos".
La periodista misionera Gabriela Ayala explicó a Télam que el nordeste argentino (NEA) "es una de las regiones con mayores barreras de acceso a los derechos sexuales y reproductivos".
Misiones "tiene una de las tasas de fecundidad más altas del país de 72,98 por 1.000 mujeres de 15 a 49 años según los Informes Estadísticos Estimación de Población 2019 de la provincia. En 2019, nacieron 177 bebés con madres niñas que no superan los 14 años, esto es, un bebé cada dos días aproximadamente", agregó, en declaraciones que reproduce la agencia de noticias.
Y además "nacieron 4.017 bebés de madres que tienen entre 15 y 19 años", añadió.
Para la periodista rosarina Sonia Tessa, coordinadora editorial del proyecto "hay un mapa muy claro de la desigualdad en Argentina. Por el solo hecho de vivir en provincias fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en la región norte del país, tenés más posibilidades de sufrir violencia obstétrica, no acceder a tus anticonceptivos, a ILEs y a la vulneración general de tus salud sexual y reproductiva si sos mujer o pertenecés al colectivo LGBTIQ+".
Las historias contadas en esta investigación "muestran no solo las desigualdades, sino también el rol del Estado y de los gobiernos provinciales, el acompañamiento de las socorristas, y las deudas hacia sectores vulnerables cuyos derechos fueron afectados en el contexto de la pandemia de covid-19", resaltó la organización en un comunicado.
"La pandemia sumó barreras a un sistema que ya estaba lejos de facilitar el pleno ejercicio de derechos; y también afectó el derecho a acceder a información pública", resumió Nicole Martin, directora de proyecto.
Las conclusiones, entrevistas y datos de la investigación pueden consultarse en la web de Los derechos no se aíslan
