El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en el centro del debate la situación en Venezuela al asegurar que Nicolás Maduro “tiene los días contados” y al negarse a descartar una posible intervención militar. En una entrevista con el sitio Politico, el mandatario evitó confirmar un eventual envío de tropas, alegando que no comparte “estrategias militares”, pero dejó abierta la posibilidad de una acción directa contra el régimen chavista.
Trump afirmó que la dictadura venezolana habría permitido la salida hacia territorio estadounidense de personas vinculadas al delito, incluyendo individuos provenientes de cárceles, instituciones psiquiátricas y redes de narcotráfico. También mencionó la expansión del Tren de Aragua y lo vinculó al Cártel de los Soles, en un contexto en el que responsabilizó a la administración de Joe Biden por lo que calificó como un sistema fronterizo debilitado.
Al hablar sobre los objetivos de su gobierno respecto a Venezuela, el presidente sostuvo que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato” y destacó su relación con la comunidad venezolana en Florida, especialmente en Doral, donde posee un complejo hotelero. Según dijo, su posición migratoria prioriza el ingreso de personas que “contribuyan” a Estados Unidos, un criterio que, según su lectura, coincide con el perfil de parte de la diáspora venezolana.
Las declaraciones se dieron en medio de la escalada generada por la operación “Lanza del Sur”, lanzada por Washington el 13 de noviembre de 2025 contra el narcotráfico y lo que el gobierno estadounidense denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental. La ofensiva, conducida por el Comando Sur, involucra al portaaviones USS Gerald Ford y un amplio despliegue militar que incluye destructores, un crucero, un submarino, aeronaves de vigilancia P-8 Poseidón y unos 15.000 efectivos, entre ellos 4.000 marines. Según el Pentágono, la operación comenzó de manera informal en agosto y tomó su nombre oficial en noviembre.
El gobierno venezolano calificó el operativo como una “escalada guerrerista” y anunció la movilización de 200.000 militares en respuesta, además de advertir sobre posibles incidentes en rutas marítimas utilizadas por fuerzas estadounidenses. Las tensiones se intensificaron mientras Washington informaba sobre varios ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, con episodios registrados el 1 y el 14 de noviembre que dejaron un total de siete muertos.
En paralelo, algunos países aliados, como México, definieron protocolos para que las intercepciones en aguas internacionales sean realizadas por sus propias fuerzas, con el objetivo de evitar acciones unilaterales que pudieran contravenir normas del derecho internacional.
