A través de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Apelaciones con jurisdicción en Rosario decidió prorrogar hasta este 25 de septiembre la suspensión de la actividad en los juzgados federales de los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López. La resolución fue tomada casi en unanimidad, salvo por la oposición del camarista Aníbal Pineda, quien manifestó que los procesos judiciales de ese fuero deben garantizarse en este tiempo de pandemia debido al rol institucional que eso significa y, además, porque se ha comprobado que los Tribunales pueden funcionar con un mínimo de actividad presencial.
La resolución de la Cámara Federal ordenó días atrás la prórroga hasta este viernes 25 de septiembre de la vigencia de las medidas dispuestas por el Decreto N° 0944/20, entre ellas la suspensión del ejercicio de las profesiones liberales en la totalidad de las localidades de los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López. Esta decisión se fundamenta en la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus.
El juez de Cámara Aníbal Pineda fundamentó su voto endisidencia y a favor de mantener activos los procesos en el Fuero Federal.
Entre sus argumentos, el magistrado comentó que le resultaba “determinante valorar que durante el trascurso de esta pandemia hemos comprobado las bondades del Sistema de Gestión Digital que permitió en estos seis meses extraordinarios el trabajo remoto de la totalidad de los agentes que forman parte del Poder Judicial Federal de la jurisdicción”.
“Podemos levantar la suspensión de plazos de la mayoría de las causas judiciales que se tramitan, sin necesidad de excesiva concentración de agentes de forma presencial y sin poner en riesgo la salud de las personas”, continuó.
El doctor Pineda destacó que, en este marco, “hay un modelo sanitario aplicado de forma global con absoluto consenso basado en el distanciamiento social, el uso de barbijos y el lavado de manos”.
Y luego recordó que “hubo una ausencia de información inicial sobre la enfermedad novedosa, entonces la reacción inicial que correspondía implementar fue la de suspender algunos lugares o instituciones que no se consideraron esenciales en primera etapa”.
El camarista basó su voto en contra de la extensión de la suspensión “atento haberse prolongado por cuestiones naturales e inevitables de manera excesiva la existencia de esta pandemia; a fin de cumplir con el trascendente rol social que tiene esta actividad básica de administrar justicia, y garantizar de esa forma los distintos derechos de los ciudadanos”.
“Han pasado seis meses desde la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y hoy tenemos la certeza de que este virus no se acaba en los próximos días ni quizás durante este año”, continuó Pineda con los argumentos de su postura.
Y añadió: “Por lo que debemos dejar de pensar institucionalmente en la pos pandemia y empezar a internalizar la idea de convivir y prestar nuestro servicio de justicia en pandemia”.
“Necesariamente tenemos que internalizar la idea de que, por largo rato, no vamos a volver a trabajar de igual forma que venimos haciendo. Acostumbrarnos a que puede que la mayoría del personal no concurra de forma presencial a los tribunales producto de las medidas de excepción dispuestas por la autoridad sanitaria nacional y provincial, pero debemos seguir gestionando los expedientes con igual fluidez, de forma remota, utilizando y aprovechando las herramientas digitales a nuestro alcance, ya que formamos parte de un poder esencial de la República sobre el cual pesa la obligación constitucional de garantizar a todos ciudadanos el acceso a la justicia y a los imputados detenidos el plazo razonable en la tramitación de sus procesos penales”, concluyó el magistrado.
