La investigación del homicidio del policía Andrés Farías, acribillado en septiembre de 2024 mientras hacía de custodio del dinero de una pyme rosarina, sumó este viernes un nuevo imputado. De este modo, el conmocionante episodio ocurrido en barrio Fisherton ya tiene una decena de detenidos, entre partícipes y coautores.
El último sospechoso señalado como parte del plan criminal para robar una suma millonaria que iba a ser depositada en un banco es Kevin Leonardo Ayala, de 31 años, quien escuchó la imputación desde la cárcel de Coronda, ya que se encuentra detenido en el marco de otros procesos penales. La investigación lo ubicó como uno de los ocupantes de un Ford Focus en el que se movilizaron los asaltantes que mataron a Farías.
La fiscal Paula Barros le atribuyó a Ayala la coautoría del homicidio del policía junto a Sergio P., Axel Fernández y Dylan Ollacarizqueta, además de otras personas ya detenidas. El crimen fue cometido el 27 de septiembre de 2024, a las 8.45, en Fisherton, en el marco de un plan delictivo en el que, según la acusación, se distribuyeron distintas tareas para su concreción.
De acuerdo con la investigación, el 24 de septiembre los imputados adquirieron el Ford Focus que había sido robado un día antes, a las 22.40, en Gaboto al 4100 de Rosario, por Kevin Agüero y Nicolás Ramírez, ya imputados por ese hecho. Axel Fernández tomó contacto directo con el enlace Alexis Sebilán, también imputado, y organizó la entrega del rodado a cambio de 500 mil pesos.
Ese mismo 24 de septiembre, a las 20.50, en Servando Bayo al 2400, el Focus fue entregado a Ollacarizqueta, quien llegó a bordo de un Peugeot 207 acompañado por Sheila López. Axel Fernández arribó minutos más tarde. Dos días después, el 26 de septiembre, a las 13, Ollacarizqueta trasladó un Volkswagen Up desde Granadero Baigorria hacia Rosario, vehículo que luego sería utilizado en el robo fatal.
El 27 de septiembre, desde las 7.40, Axel Fernández, Ollacarizqueta, Claudio D., Hernán D., Cristian D., Sergio P., Kevin Ayala y otras personas no identificadas realizaron tareas de inteligencia con los vehículos Ford Focus, Peugeot 207 y Volkswagen Up en las inmediaciones de la empresa El emporio de las Golosinas y del lugar del posterior ataque. De ese modo determinaron el momento exacto en que una Renault Kangoo salió de esa firma mayorista con destino al Banco Macro.
En el utilitario se desplazaba un empleado como chofer, acompañado por Andrés Farías, quien cumplía funciones de custodia policial adicional, con el objetivo de trasladar 40 millones de pesos pertenecientes a la firma. Al circular por Benegas al 8100, la Kangoo fue interceptada por el Ford Focus, que se encontraba previamente estacionado en el lugar. Al menos tres asaltantes descendieron del vehículo, extrajeron una pistola calibre 9 milímetros y otra .380 y efectuaron múltiples disparos contra las víctimas, hiriendo de muerte a Farías en el cráneo y el tórax, con la finalidad de facilitar el robo.
Los agresores sustrajeron 35 millones de pesos que se encontraban en la parte trasera del utilitario y el arma reglamentaria del policía, y luego se dieron a la fuga. En Sabathie al 8000 abandonaron el Ford Focus y escaparon en el Peugeot 207 de Sheila López, imputada y en prisión preventiva efectiva, y en el Volkswagen Up.
Farías fue trasladado a un centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció el 3 de octubre a raíz de las graves heridas sufridas.
Hace más de un año, Ayala había sido detenido en la ciudad de Santa Fe tras un asalto. Desde entonces permanecía preso como coautor de una entradera cometida en la zona rural de Coronel Bogado, en la que un cómplice, Gustavo Daniel Rattaro, murió tras recibir un escopetazo efectuado en legítima defensa por la víctima. Ahora, la investigación lo ubicó formalmente como parte del plan homicida que terminó con la vida del custodio Farías.
La fiscal Barros le imputó una calificación legal que prevé prisión perpetua: homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, para consumar otro delito, por haber sido cometido contra un miembro de las fuerzas policiales en razón de su función, y agravado por el uso de arma de fuego. El juez Fernando Sosa lo dejó detenido por plazo máximo.
