En Villa Gobernador Gálvez unas 30 mil personas están enganchadas de la luz. Tienen el servicio pero no lo pagan. Aunque quisieran no podrían hacerlo porque donde viven no llega la red eléctrica. Son unas 8 mil familias de barrios populares montados sobre terrenos privados, lo que además complica cualquier obra. Pero ahora la situación llegó a un límite y la Cooperativa Integral, que distribuye en la vecina localidad el servicio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), amenaza con cortar el servicio porque la deuda con la prestataria es altísima. El intendente Alberto Ricci, pidió una solución con “sensibilidad” sin dejar de castigar el hurto de energía y la EPE, que la Cooperativa "se esfuerce más", revise procedimientos internos y mejore su trabajo.
“Tenemos que hacer que esa gente que no tiene el servicio normalizado, lo tenga, tenga un medidor y empiece a pagar la energía porque si no, va a ser peor porque la deuda va a ser cada vez más grande”, sostuvo Ricci en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2). La EPE le reclama a la Cooperativa unos 6 mil millones de pesos. Y como respuesta, la Cooperativa notificó en una carta documento al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que evalúa aplicar cortes programados en 33 barrios populares debido al consumo clandestino. Aseguran que el 42% de la energía adquirida es hurtada en sectores donde viven 8.200 familias.
Ricci propuso “sentarse a dialogar” e incluso invitó a los directivos de la EPE a recorrer esos barrios. “Muchos asentamientos están sobre terrenos privados donde no llega la red y se enganchan del cable mas cerca –explicó–, eso genera un problema porque la Cooperativa no puede hacer la obra de instalación porque están en un campo privado”.
Ricci señaló que este problema es de larga data y que en las gestiones provinciales de Miguel Lifschitz y de Omar Perotti se hicieron algunos avances, sobre todo con el acceso de fondos nacionales; pero esto se terminó con el turno de Javier Milei en la Presidencia. Y encima, en marzo, llamó la atención, se sumó la quita de subsidios.
Para el intendente, la solución pasa por avanzar con obras que permitan regularizar a los usuarios, aplicar cuando corresponda las tarifas sociales para evitar discriminaciones y castigar el hurto de energía.
Pero sobre todo, apeló a la “sensibilidad”. Opinó que “cartas documento que van y vienen” no sirven de mucho, sino un “programa serio” de inversiones que permitan hacer los ajustes necesarios. “No digo que mañana vamos a solucionar el tema, nos va a llevar entre cinco y siete años de inversiones. En dos años y medio van a ser más los que paguen que los que no. Eso hay que buscar”, indicó.
En tanto desde la EPE, su titular, Anahí Rodríguez, aseguró que están totalmente al tanto de la situación y de la potencial conflictividad que supone un corte masivo en la temporada de mayor demanda por el calor. Anticipó que pronto propiciará una reunión entre las partes, incluido el ministro Puccini, pero advirtió que "el problema no se soluciona haciendo cortes de energía en asentamientos irregulares". En tal sentido, apeló a que la Cooperativa revise su propio trabajo y adopte una mirada más integral ya que no solo el hurto de luz y el fraude se comenten en zonas vulnerables, sino que muchas veces provienen de usuarios con alto poder adquisitivo.
"Invitamos a la Cooperativa a esforzarse más, a revisar su estructura de costos, salarios y procedimientos internos", dijo Rodríguez y puso como ejemplo a la propia EPE que hizo eso mismo. Destacó también que la prestataria "hace un esfuerzo mensual vinculado a la aplicación de una tasa diferencial".
E insistió: "No tenemos números ni datos reales (de la Cooperativa) arriba de la mesa mas que datos muy generales sobre cobrabilidad o no cobrabilidad, siempre vinculado el hurto y fraude a asentamientos irregulares. Sabemos, por procedimientos propios que hacemos, que es una mirada parcial".
