Desde este miércoles, la administración y operación de la autopista Rosario–Santa Fe estará a cargo de Vialidad Provincial por el término de un año, según el decreto del gobierno que puso fin al fideicomiso que se había constituido durante la gestión de Miguel Lifschitz para explotar la traza.

Durante este plazo el ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, establecerá un modelo definitivo de gestión del corredor, para su remisión a la Legislatura.

El proyecto prevé la conformación de un ente societario cuyo capital accionario esté íntegramente en manos del Estado provincial, con carácter intransferible.

Desde la cartera productiva explicaron que se tomó la decisión de hacerse cargo de la autopista en primer lugar, por la finalización del vínculo con la concesionaria, desde este 31 de marzo, y en segundo término, porque se pueden optimizar mejor los recursos, teniendo en cuenta que las obras de reparación y carpeta las viene desarrollando la Administración General de Vialidad Provincial.

“Hasta ahora, el Banco Municipal De Rosario -como administrador del fideicomiso que concesionaba la autopista- cobraba como canon el 2% de todo lo recaudado. Sólo en enero de 2020, el Banco cobró $ 2.366.888 más $ 1.675.563 de gastos bancarios. Es decir, además de gastos bancarios, cobraba más de $2 millones de comisión. Desde mañana ese dinero vuelve a la Provincia”, aseguró la ministra Silvina Frana.

Y agregó: “La intención es que en el plazo de un año podamos tener sancionada una Ley que autorice la constitución de una Unidad Ejecutora con participación mayoritaria del Estado para administrar la autopista”.

En el mismo sentido, el Administrador General de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi indicó que “desde que se constituyó el Fideicomiso de Administración de la Autopista Provincial AP01, el 1º de julio de 2017, el gobierno de Santa Fe, a través de Vialidad Provincial se hizo cargo de las obras, ejecutando a la fecha unos 130 km de repavimentaciones por un monto de $3.925 millones y bacheos por otros $440 millones”.

Finalmente, Ceschi afirmó que “en relación a las observaciones que se plantearon hacia la administración de la autopista durante los últimos años, el decreto N° 295/20 del Ejecutivo, indica la realización de una revisión de todas las actuaciones a través de la Sindicatura General de la provincia y Tribunal de Cuentas”.