La Cámara de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó este martes la apelación del Estado argentino para desestimar la demanda del fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Con esta decisión, el tribunal confirmó la sentencia que obliga al país a pagar más de 390 millones de dólares al fondo de inversión. La información fue difundida por el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue de cerca los principales procesos judiciales que enfrenta Argentina en el exterior.

     

El Estado argentino había sido condenado en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial a pagar 320 millones de dólares más intereses –que ahora suma en total US$ 390 millones– como indemnización por la expropiación de la aerolínea, pero la Argentina no cumplió el fallo hasta el momento.

La expropiación de Aerolíneas Argentinas y de Austral al grupo español Marsans se llevó a cabo en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y como parte de un proceso mayor de nacionalización de empresas que arrastraban problemas operativos y eran consideradas estratégicas.

Tras el laudo favorable a los exaccionistas emitido por el Ciadi, los derechos de cobro de esa sentencia fueron adquiridos por distintos fondos de inversión especializados en litigios internacionales.

Uno de esos fondos fue Burford Capital, conocido por impulsar la millonaria demanda contra Argentina por la reestatización de YPF. Posteriormente, los derechos pasaron a manos de Titan Consortium, que desde 2021 lleva adelante las acciones judiciales en los Estados Unidos para lograr el cobro efectivo de la indemnización.

 La expropiación de Aerolíneas Argentinas y de Austral al grupo español Marsans se llevó a cabo en 2008.
. La expropiación de Aerolíneas Argentinas y de Austral al grupo español Marsans se llevó a cabo en 2008.

Durante el proceso, la defensa argentina intentó evitar la ejecución de la sentencia al sostener que el reclamo había prescripto. Ese argumento fue rechazado en primera instancia y el Gobierno decidió apelar. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ratificó el criterio del tribunal inferior y dejó firme la obligación de pago.

El fallo representa un nuevo desafío para el Estado argentino en materia de litigios internacionales, ya que se suma a otras causas de alto impacto económico que el país enfrenta en tribunales extranjeros. La decisión fortalece la posición de Titan Consortium para avanzar en el cobro de la indemnización establecida por el laudo arbitral del Ciadi y mantiene abierta la presión sobre las finanzas públicas argentinas.