Aguas Santafesinas reforzó en Rosario la gestión de deuda de grandes usuarios morosos, ante la elevada cantidad de consumidores no residenciales que mantienen el servicio sin pagar. Según datos oficiales, en la ciudad hay 423 grandes usuarios en proceso de reclamo por falta de pago, con deudas que en algunos casos se extienden hasta cuatro años.
Estos usuarios concentran un consumo promedio cercano a los 50.000 metros cúbicos mensuales de agua potable no abonada, lo que representa alrededor de 120 metros cúbicos por mes por cada usuario. Incluso, la empresa detectó un caso puntual con consumos que alcanzan los 700 metros cúbicos mensuales, pese a mantener una deuda activa.
La situación genera un fuerte impacto en la sustentabilidad del sistema y una marcada inequidad frente a los usuarios que cumplen regularmente con el pago del servicio. A nivel provincial, la empresa informó que más de mil grandes usuarios se encuentran en condiciones similares, con una deuda total que supera los 700 millones de pesos.
Desde Aguas Santafesinas remarcaron que, a pesar de la falta de pago, los grandes usuarios morosos continúan recibiendo el servicio. En conjunto, el volumen de agua no abonada supera los 60.000 metros cúbicos mensuales, lo que afecta la capacidad de inversión, operación y mantenimiento de la red.
En ese marco, la presidenta de la empresa, Renata Ghilotti, sostuvo que el objetivo de la política de gestión de deuda no es sancionatorio, sino preservar un servicio esencial. “Es fundamental que quienes pueden pagar lo hagan, porque el incumplimiento afecta la equidad del sistema y perjudica a quienes sí cumplen”, afirmó.
El esquema de gestión incluye intimaciones sucesivas y la posibilidad de acceder a planes de pago personalizados. En caso de no obtener respuesta, el régimen tarifario habilita la reducción del suministro como última instancia, limitando el servicio a 100 litros diarios.
Según señalaron desde la empresa estatal, cerca del 30 % de los usuarios regulariza su situación antes de llegar a esa medida, y otro 50 % lo hace luego de la reducción del suministro. El porcentaje restante avanza hacia el corte total del servicio -en los casos no residenciales- o hacia instancias de gestión judicial.
Desde la prestataria aclararon que los usuarios alcanzados por estas acciones fueron previamente relevados según indicadores socioeconómicos oficiales, con el objetivo de resguardar a los sectores más vulnerables y garantizar un criterio de equidad en la aplicación de las medidas.
