Amenazas en escuelas: instituciones privadas advierten que es un delito y refuerzan el diálogo con alumnos

El referente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas, Alejandro Saba, analizó la reciente ola de intimidaciones y advertencias de ataques que obligaron a intervenir en distintas escuelas tanto en Santa Fe como en otras localidades del país. En medio de la preocupación de las comunidades educativas, el directivo remarcó que, más allá de la aplicación estricta de los protocolos de seguridad que dispuso la Provincia, resulta vital fortalecer el diálogo con los alumnos y las familias. Además, alertó sobre las severas consecuencias penales para los adolescentes involucrados en estos episodios.

A partir de una serie de incidentes que encendieron las alarmas en el sector educativo provincial, el gobierno santafesino envió a principios de esta semana un protocolo elaborado en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para establecer pautas de acción y concientizar a la comunidad. Sobre esta normativa, Saba fue categórico al referirse a la responsabilidad de los estudiantes: “Esto no es una broma, una picardía, sino que es un delito”, sostuvo en diálogo con Cada Día (El Tres). Al mismo tiempo, recordó que bajo el actual Código Procesal Juvenil, los adolescentes a partir de los 16 años ya son responsables ante la ley y pueden resultar detenidos frente a este tipo de acciones.

Si bien reconoció que la situación pareciera estar influenciada por el homicidio y ataque en San Cristóbal, estimó que hubo “unas 30 denuncias en este último tiempo” y aclaró que la mayoría de los casos se pudieron resolver. No obstante, el representante de las instituciones privadas consideró indispensable ir al fondo del problema. En ese sentido, reflexionó sobre el mensaje que intentan transmitir los adolescentes y la necesidad de abrir canales de contención en las aulas. “Necesita hablar, necesita dialogar, necesita sentirse escuchado, porque si no busca que lo escuchen en otros lados donde pasan estas cosas”, argumentó.

El impacto económico y emocional de los operativos

La activación de los protocolos de evacuación conlleva un desgaste significativo, no solo desde el punto de vista logístico sino también en la salud mental de los alumnos. Saba detalló el inmenso costo que asume el Estado cada vez que se debe desplegar a las fuerzas correspondientes. Según precisó, movilizar a los bomberos, al Sies, a la brigada de explosivos y montar los operativos de tránsito demanda un gasto económico estimado en “8, 10 millones de pesos”.

A este perjuicio financiero se le suma el factor humano. El referente educativo describió la angustia que viven los niños y adolescentes durante los desalojos preventivos, desde el nivel inicial hasta los últimos años de secundaria. “Son operativos que los tenemos practicados, pero aún cuando los practicamos genera angustia. "Acá cuando ven y salen y ven que hay policía se asustan”, ilustró, dejando en claro que no se trata de un simple simulacro sin consecuencias.

Los peligros ocultos en la red

En otro tramo de su análisis, el directivo apuntó contra el rol del entorno digital como un espacio propicio para la gestación de estos conflictos. Advirtió que en internet hay personas dispuestas a aprovecharse de la vulnerabilidad de los jóvenes. “Hay gente que se esconde y coapta adolescentes, preadolescentes o adultos también para objetivos como lo que ya ha sucedido”, señaló.

Finalmente, Saba destacó que los colegios están recomendando establecer controles estrictos, como la revisión de las mochilas, pero insistió en que ninguna regla funcionará si no hay un compromiso familiar de por medio. 
Concluyó afirmando que las instituciones se encuentran atentas a las disposiciones de la Provincia, buscando equilibrar los nuevos paradigmas de los jóvenes con el consenso necesario para que puedan estudiar en un ambiente seguro.