La crisis en Lácteos Verónica sumó en las últimas horas nuevos capítulos que profundizan la preocupación en la cuenca lechera santafesina: trabajadores denunciaron que llevan más de 90 días sin cobrar salarios, que la producción está completamente paralizada y que la empresa no da respuestas, mientras que autoridades provinciales y legisladores avanzan en una estrategia judicial para destrabar el conflicto.
“Hace 90 días que no se cobra. Los últimos depósitos fueron en enero y en total no llegaron a 50 mil pesos”, aseguró Florencia Antelo, esposa de un trabajador de la planta de Lehmann, en diálogo con De boca en boca (Radio 2).
La mujer describió un escenario crítico dentro de la empresa: “Hoy en Verónica no hay ni un litro de leche, la fábrica está parada al 100%. Frenaron hasta los fasones por problemas de pago”, señaló, en referencia al sistema por el cual la firma procesaba materia prima de terceros.
Según relató, incluso ese esquema colapsó porque la empresa no devuelve la producción a quienes aportan la leche, generando nuevas deudas dentro del circuito productivo.
Las denuncias de los trabajadores apuntan directamente a la conducción empresaria. “El conflicto no es por la situación económica del país ni del sector lácteo, que está creciendo. Pasa por un mal manejo y decisiones de los dueños”, afirmó Antelo, en línea con lo que ya habían planteado empleados en semanas anteriores.
En ese sentido, cuestionó que la firma haya intentado avanzar con un procedimiento preventivo de crisis para despedir a unos 200 trabajadores, que finalmente fue rechazado. “Los números de la empresa son positivos”, sostuvo, y advirtió que ahora buscan avanzar en una reestructuración “por otras vías”.
Además, denunció irregularidades en las condiciones laborales: reducción unilateral de la jornada a cuatro horas, liquidación de sueldos sin depósito efectivo y falta total de conducción en las plantas. “No hay responsables, los empleados van por su cuenta, cumplen horario pero no hay actividad”, describió.
El malestar también crece por la ausencia de los dueños. “No se presentan a las audiencias, no hay ningún comunicado. Nadie explica qué va a pasar”, agregó, y advirtió sobre el impacto social: “Hay gente al borde del colapso, con más de 30 años de antigüedad y cerca de jubilarse que hoy no sabe qué hacer”.
Reunión clave en la Legislatura
Este miércoles se realizó una reunión en la Legislatura de Santa Fe con participación de trabajadores de las tres plantas, intendentes, senadores, funcionarios provinciales y representantes del gremio Atilra, con el objetivo de avanzar en una salida al conflicto.
Durante el encuentro, los empleados expusieron la gravedad de la situación económica y el fuerte desgaste personal que atraviesan, y remarcaron que la urgencia no puede quedar sujeta a los tiempos judiciales o a eventuales negociaciones empresarias.
Como resultado, se acordó avanzar en una estrategia integral que combine instancias de diálogo con acciones judiciales. En ese marco, se resolvió convocar a los dueños de la empresa, la familia Espiñeira, para que den explicaciones y planteen una salida ordenada.
Al mismo tiempo, se impulsará la articulación de demandas judiciales conjuntas que incluyan a trabajadores, productores, proveedores y gobiernos locales, mientras que la Provincia se comprometió a acompañar el proceso para garantizar mayor celeridad.
Desde la Legislatura advirtieron que, de no mediar una respuesta de la empresa, podrían derivarse “consecuencias judiciales de gravedad”.
Impacto en toda la región
El conflicto ya tiene un fuerte impacto económico en la región. Según se expuso en la reunión, las pérdidas superan los 60 millones de dólares para productores lecheros y más de 14 mil millones de pesos para proveedores, además de afectar directamente a más de 700 familias.
En localidades donde la empresa tiene presencia, la crisis ya se siente en la actividad diaria. “Cuando el trabajador no cobra, no consume, y la rueda económica se detiene”, señalaron.
Mientras tanto, todos los sectores involucrados: trabajadores, gremio, dirigentes políticos y actores de la producción, coincidieron en la necesidad de una definición urgente por parte de la empresa.
En los próximos días se convocará a una nueva audiencia, en un escenario cada vez más tenso y con una demanda común: encontrar una salida que garantice los puestos de trabajo y reactive la producción.
