La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario de la Policía Federal Gustavo Gauna por el operativo desplegado durante la protesta realizada el jueves pasado frente al Congreso, mientras el Senado debatía la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según informó la legisladora de Coherencia, la presentación judicial acusa a la ministra por los delitos de "abuso de armas, lesiones, severidades y vejaciones cometidas por funcionarios públicos".

Además, denunció a Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, luego de que se viralizaran imágenes en las que se lo observa vestido de civil, sin identificación visible y apuntando con un arma larga hacia la zona donde se encontraban los manifestantes.

"El jueves, durante la manifestación en defensa de nuestras tierras, vimos la imagen de un efectivo de civil apuntando con un rifle a personas que marchaban. A ese hombre, Gauna, lo denuncié penalmente. También a su jefa Alejandra Monteoliva porque los hechos son demasiado graves. El que las hace las paga", escribió Pagano en su cuenta de X.

     

Los incidentes ocurrieron durante la tarde y la noche del jueves, cuando un grupo de manifestantes se enfrentó con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. De acuerdo con información oficial, el operativo terminó con 12 personas detenidas y cuatro efectivos heridos.

La actuación del comisario también generó cuestionamientos desde otros sectores de la oposición. El diputado nacional santafesino Esteban Paulón sostuvo en redes sociales que las imágenes podrían evidenciar una metodología repetida en operativos anteriores y afirmó que el agente aparece en fotografías tomadas durante una manifestación realizada en febrero de este año.

Por su parte, el diputado Juan Grabois también se pronunció sobre el accionar de Gauna y reclamó que sea investigado en el marco de la denuncia por la represión ocurrida frente al Congreso.

La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar la presentación realizada por la diputada y determinar si corresponde impulsar una investigación sobre el operativo de seguridad y la actuación de los funcionarios denunciados.