El escritor y editor Hernán Casciari quedó en el centro de una controversia judicial luego de que un grupo de inversores denunciara presuntas irregularidades en el financiamiento de producciones cinematográficas impulsadas por Orsai Audiovisuales. La causa quedó en manos de la Justicia penal porteña, que deberá determinar si existieron delitos en el manejo de los fondos aportados.

Mientras la investigación comienza a avanzar, Casciari negó haber tenido intención de estafar, reconoció errores de gestión y difundió documentación para respaldar su postura. 

En paralelo, la Comunidad Orsai admitió que el proyecto cinematográfico no tuvo los resultados esperados y apeló al acompañamiento de sus seguidores para defender una iniciativa cultural que lleva dos décadas de trayectoria.

Cómo empezó la causa contra Casciari


La denuncia fue presentada por inversores particulares que aseguran haber aportado dinero para financiar películas anunciadas por Orsai y que no recuperaron las sumas que esperaban. Según la información publicada por Infobae, la presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, a cargo de Laura Bruniard, que delegó la investigación en la fiscal Mónica Cuñarro.

El abogado Ariel Gil Ces, representante de los denunciantes, ratificó la presentación y aportó documentación vinculada con el esquema de inversión. Ahora se aguarda el avance de las primeras medidas de prueba para establecer qué ocurrió con los fondos y si hubo conductas que puedan encuadrarse en algún delito.

     

Los inversores sostienen que el dinero aportado para concretar distintas producciones no tuvo el retorno esperado. Entre los casos mencionados, uno de los denunciantes aseguró haber invertido 1.000 dólares y recibido apenas 28,20 dólares. Otro afirmó que, de un aporte de 2.600 dólares, recuperó solamente 47.

Diego Peretti, Andy Kusnetzoff, Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán, son solo algunos de los nombres más conocidos que apuntan en la Justicia contra el escritor.

Además, algunos señalaron que no tuvieron acceso oportuno a los términos y condiciones de la inversión y que debieron reclamarlos en reiteradas ocasiones para obtenerlos.

La apuesta audiovisual que quedó bajo la lupa


El conflicto gira en torno al modelo de financiamiento colectivo con el que Orsai buscó trasladar al cine una modalidad que ya había desarrollado en otros proyectos culturales y editoriales.

Uno de los planes más ambiciosos fue Cinco Pelis, anunciado en 2023. La propuesta contemplaba financiar cinco guiones vinculados con autores reconocidos, entre ellos Pedro Saborido, Tamara Tenenbaum y Felipe Pigna. La iniciativa establecía que el guion que consiguiera mayor financiamiento se convertiría en una película.

De ese proyecto surgió la producción sobre Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero de la Selección, que finalmente llegó a Netflix.

De acuerdo con lo planteado en la denuncia, los inversores cuestionan que las condiciones bajo las cuales realizaron sus aportes no se hayan traducido en los resultados económicos que esperaban. En declaraciones anteriores, Casciari había hablado de un reparto proporcional de los ingresos y había expresado expectativas favorables sobre los retornos para quienes participaran del proyecto.

La discusión judicial deberá establecer cuáles eran las condiciones efectivamente acordadas, cómo se administraron los recursos y si existieron irregularidades que excedan el fracaso comercial de una producción. La existencia de pérdidas, por sí sola, no demuestra que se haya cometido una estafa.

La respuesta de Casciari


Frente a las acusaciones, el escritor rechazó haber actuado con intención de engañar a los inversores. En su descargo, reconoció que la experiencia cinematográfica no salió como esperaba y difundió documentación relacionada con el funcionamiento del proyecto.

La denuncia también puso el foco en la posible administración fraudulenta, una figura que contempla el manejo abusivo de bienes o intereses ajenos. Sin embargo, será la investigación la que determine si existen elementos para sostener esa hipótesis o si se trató de una iniciativa empresarial que no logró los resultados previstos.

     

Según la información difundida, Casciari no registraba antecedentes de denuncias penales ni demandas judiciales de las características mencionadas en los fueros consultados. 

La causa actual representa, por lo tanto, un nuevo escenario para el escritor y para la estructura empresarial vinculada con Orsai.

El mensaje de la Comunidad Orsai: “Nos salió mal”


En medio de la repercusión pública del caso, la Comunidad Orsai difundió un mensaje en el que reconoció las dificultades de su incursión en la industria audiovisual y repasó el recorrido de la organización. “Nos salió mal. En estos veinte años que llevamos haciendo cultura, haber hecho cine nos salió mal”, expresaron desde el proyecto. También admitieron que intentaron trasladar al ámbito audiovisual un modelo que conocían de la industria editorial, pero que no consiguieron llevarlo adelante como habían previsto.

En el mismo comunicado, señalaron que elaboraron un informe con los movimientos, el presupuesto y el detalle de lo ocurrido, con la intención de explicar cómo se desarrolló la experiencia.

La organización también apeló al vínculo construido con sus seguidores a lo largo de los años y los convocó a contar sus experiencias con el proyecto. Recordaron iniciativas vinculadas con revistas independientes, libros, teatro, espectáculos, series y documentales, y reivindicaron el sentido de comunidad que, aseguran, acompañó esas propuestas.

“Eso es la Comunidad Orsai: un grupo de gente que cuenta y escucha historias”, afirmaron en el texto, en el que también expresaron su voluntad de continuar trabajando en nuevos proyectos culturales.

Qué se investiga y qué falta determinar


La causa deberá esclarecer el destino de los aportes, las condiciones bajo las cuales se realizaron las inversiones y las responsabilidades que pudieran corresponder. Por el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia y no constituyen una condena ni prueban la existencia de un delito.

Mientras la Justicia reúne elementos para reconstruir lo sucedido, el caso abrió una discusión sobre los riesgos del financiamiento colectivo aplicado a la producción cultural y sobre las expectativas que se generan cuando el público participa económicamente de un proyecto.

Para Orsai, el desafío inmediato será explicar de manera detallada qué ocurrió con la apuesta cinematográfica y responder a los reclamos de los inversores. Para la Justicia, en tanto, la tarea será determinar si el resultado adverso de ese emprendimiento se debió a errores de gestión o si existieron hechos con relevancia penal.