Después de la vandalización de la fachada de la Catedral de Rosario durante la Marcha del Orgullo, ingresó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que busca establecer un protocolo para proteger edificios históricos, monumentos y otros bienes patrimoniales durante movilizaciones, manifestaciones y eventos masivos.
La iniciativa, presentada por la concejala Sabrina Prence, propone que el municipio implemente mecanismos de prevención, coordinación y actuación para evitar daños en construcciones y espacios de valor histórico, arquitectónico, urbano y cultural de la ciudad.
El proyecto no establece restricciones al derecho a manifestarse, sino que plantea medidas para compatibilizar las movilizaciones con la preservación del patrimonio. Entre ellas, contempla identificar previamente los bienes expuestos, evaluar los riesgos y coordinar acciones con las organizaciones convocantes cuando se cuente con información suficiente sobre las actividades previstas.
La iniciativa establece que el Ejecutivo Municipal deberá determinar qué área u organismo tendrá a su cargo la aplicación de la ordenanza y la elaboración de un protocolo específico. Ese procedimiento deberá incluir la identificación de edificios, monumentos, esculturas, fuentes, placas y sitios de memoria ubicados en los recorridos o en las inmediaciones de las movilizaciones. También se deberán evaluar las características de cada bien, su estado de conservación y los antecedentes de daños.
Entre las herramientas previstas figura la posibilidad de recomendar recorridos alternativos para evitar o reducir el paso de concentraciones masivas por sectores con una alta densidad de bienes patrimoniales.
El protocolo también contempla la instalación de protecciones físicas reversibles y cobertores de bajo impacto, la colocación de señalización preventiva y el despliegue de personal municipal para monitorear las actividades cuando las características del evento lo requiera.
Además, el municipio debería establecer un mecanismo de alerta preventiva patrimonial para activar las medidas de protección cuando tome conocimiento de una movilización o concentración que pueda desarrollarse cerca de bienes protegidos.
Otro de los puntos de la propuesta es que el Ejecutivo procure comunicarse con las organizaciones, entidades o personas responsables de las convocatorias para informarles sobre la ubicación de los bienes patrimoniales y coordinar medidas preventivas.
Esa comunicación debería realizarse con una antelación razonable, siempre que el municipio disponga de información suficiente sobre la actividad.
El proyecto también prevé mecanismos de actuación inmediata y posterior limpieza o reparación cuando se produzcan daños. En esos casos, el municipio podría reclamar los gastos efectivamente realizados y documentados a quienes resulten responsables.
La iniciativa contempla distintas situaciones: los titulares de permisos de uso del espacio público, los organizadores que hayan asumido voluntariamente compromisos de limpieza o reparación y los autores de los daños, según las responsabilidades que correspondan en cada caso.
También habilita al municipio a exigir un seguro o una garantía como condición para otorgar determinados permisos de uso del espacio público.
El proyecto ingresó después de que la fachada de la Catedral de Rosario fuera vandalizada durante la Marcha del Orgullo. El edificio, ubicado en Buenos Aires y Córdoba, recibió bombas de pintura y pintadas durante el paso de la movilización por el centro de la ciudad.
El episodio generó cuestionamientos porque se trata de uno de los edificios históricos más importantes de Rosario. La Catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997 y durante 2025 y 2026 atravesó trabajos de restauración y puesta en valor de su fachada y de distintas capillas interiores.
