El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para modernizar la venta de bienes del Estado al autorizar una licitación pública destinada a contratar una plataforma privada que se encargue de organizar, gestionar y realizar subastas electrónicas de bienes muebles pertenecientes a organismos nacionales.
La medida fue oficializada este jueves mediante una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que aprobó la convocatoria para seleccionar a la empresa que prestará el servicio durante un plazo de dos años, con posibilidad de extender el contrato por un año más.
La contratación alcanza a la venta de bienes muebles del Estado nacional que hayan sido declarados en desuso o rezago, aunque el marco normativo también habilita que puedan comercializarse otros bienes muebles que la administración nacional decida enajenar. La empresa adjudicataria deberá ofrecer tanto un sistema de subastas online en tiempo real como un servicio de intermediación para ventas directas.
Cómo funcionará el sistema
Según el pliego de la licitación, la empresa que resulte adjudicada deberá aportar la plataforma tecnológica y hacerse cargo de todo el proceso operativo.
Entre sus responsabilidades estarán el desarrollo y mantenimiento del sitio web, la difusión de las subastas, el registro y validación de los participantes, la asistencia técnica durante las operaciones, la emisión de reportes y la gestión administrativa posterior a cada venta. También podrá recibir el dinero de los compradores y transferirlo a la AABE cuando el organismo así lo requiera.
La plataforma deberá estar disponible las 24 horas, contar con mecanismos de validación de identidad de los usuarios, cumplir estándares de ciberseguridad y garantizar la protección de los datos personales.
Uno de los aspectos centrales de la licitación es que el Estado nacional no abonará honorarios a la empresa que administre las ventas.
La remuneración del adjudicatario surgirá de una comisión que pagarán los compradores de los bienes subastados o vendidos a través de la plataforma. Esa comisión no podrá superar el 10% del valor de cada operación y deberá incluir todos los costos vinculados al servicio, por lo que no podrán cobrarse cargos adicionales ni al Estado ni a quienes adquieran los bienes.
La adjudicación se definirá, justamente, entre las ofertas que cumplan los requisitos técnicos y administrativos y propongan la comisión más baja.
El pliego prevé que la firma elegida tendrá exclusividad para las ventas que la AABE decida canalizar a través de plataformas privadas. Sin embargo, el organismo conservará la facultad de vender bienes por otros mecanismos propios cuando así lo considere conveniente.
La convocatoria se enmarca en los cambios introducidos este año por el Gobierno nacional en el régimen de administración de bienes del Estado, que habilitaron la utilización de plataformas electrónicas privadas para la comercialización de bienes muebles pertenecientes a organismos de la administración pública nacional.
