El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector energético en lo que respecta a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, que extiende un régimen vigente desde diciembre de 2023.
Según argumentó el Poder Ejecutivo, todavía persisten problemas estructurales en el sistema eléctrico, como infraestructura envejecida, escasa capacidad de reserva, limitaciones en las redes de transporte y la necesidad de continuar con inversiones y reformas para garantizar un suministro confiable.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que, si bien durante los últimos dos años mejoraron algunos indicadores del sector, aún existen riesgos técnicos, económicos y operativos que justifican mantener las facultades extraordinarias para avanzar con la normalización del sistema eléctrico.
Qué implica la prórroga
La extensión de la emergencia no significa un aumento inmediato en las tarifas de luz, aunque sí permitirá al Gobierno continuar con el proceso de reorganización del mercado eléctrico mayorista y con la política de reducción gradual de los subsidios energéticos.
Además, el Ejecutivo mantendrá las herramientas regulatorias para avanzar con la recomposición de la cadena de pagos del sector, promover nuevas inversiones en generación y transporte eléctrico, implementar mecanismos de almacenamiento de energía y ejecutar obras consideradas prioritarias para mejorar la confiabilidad del sistema.
Otro de los objetivos es continuar con la transición hacia un esquema en el que el precio de la electricidad refleje de manera progresiva los costos reales del servicio, manteniendo al mismo tiempo un sistema de subsidios focalizados para los usuarios que lo necesiten.
En el decreto también se señala que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes de reserva reducidos frente a los picos de demanda, que gran parte de la infraestructura presenta décadas de antigüedad y que las ampliaciones de la red de transporte todavía resultan insuficientes para responder al crecimiento del consumo.
Con esta decisión, el Gobierno unificó el plazo de la emergencia eléctrica con el de la emergencia en el transporte y la distribución de gas natural, que ya había sido prorrogada hasta fines de 2027, con el objetivo de coordinar las reformas de ambos sectores energéticos.
