El Gobierno nacional avanza con una reforma que promete generar fuerte debate dentro del sector inmobiliario. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en un proyecto de ley que será enviado al Congreso durante junio y que apunta a modificar de manera profunda las reglas que regulan la actividad de los corredores inmobiliarios en la Argentina.
La iniciativa propone eliminar la matrícula obligatoria para ejercer la intermediación inmobiliaria, una de las principales exigencias vigentes en la actualidad. De acuerdo al borrador que circula entre referentes del sector, tampoco será necesario contar con un título universitario para desarrollar la actividad.
Además, el proyecto prevé que los colegios profesionales pierdan las facultades de control y sanción sobre los operadores inmobiliarios. En caso de conflictos, las controversias pasarían a resolverse exclusivamente en la Justicia.
Otro de los cambios previstos es la eliminación de las restricciones territoriales que actualmente obligan a matricularse en cada jurisdicción para poder operar. De aprobarse la reforma, cualquier intermediario podría trabajar en cualquier provincia sin necesidad de nuevas inscripciones o habilitaciones locales.
La propuesta también contempla la eliminación de los honorarios mínimos y de cualquier esquema de comisiones reguladas. De esta manera, las partes podrían acordar libremente el valor de los servicios de intermediación.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es fomentar la competencia y reducir las barreras de ingreso a la actividad. Durante una reciente exposición ante desarrolladores e inmobiliarios, Sturzenegger cuestionó el funcionamiento de algunos colegios profesionales y afirmó que “poner un precio mínimo es una aberración social”.
“El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, planteó el funcionario.
Según la visión oficial, las exigencias de matrícula, los honorarios mínimos y otras regulaciones terminan encareciendo las operaciones y limitando la competencia. Por eso, el paquete legislativo que prepara el Ejecutivo apunta a eliminar lo que considera privilegios creados por ley.
La discusión se suma al debate que ya generó la derogación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023. Sturzenegger volvió a defender esa decisión y aseguró que la desregulación permitió ampliar la oferta de viviendas disponibles y reducir los precios reales de los alquileres.
Según datos citados por el funcionario, la cantidad de propiedades ofrecidas en alquiler creció un 300% desde la modificación del marco normativo, mientras que los valores reales registraron una baja cercana al 30%.
Ahora, el foco está puesto en el mercado inmobiliario y en la reacción que podría generar el proyecto entre colegios profesionales, corredores matriculados y cámaras del sector, que históricamente defendieron el esquema actual de regulación.
