A pocos días de terminar 2025, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, hizo un balance de lo actuado en materia de acusación penal durante el año al tiempo que adelantó cuáles son los desafíos para 2026. En ese marco, consideró necesario equilibrar la administración de la Justicia hacia las víctimas tras muchos años en los que, de acuerdo a su mirada, se puso el foco en las garantías.
De paso por el estudio de Radiópolis (Radio 2), la funcionaria provincial al frente del Ministerio Público Fiscal (MPA) compartió su apreciación acerca de la implementación de la Justicia penal en la provincia. En ese sentido, observó: “Estoy formada en la cátedra de procesal penal y como todos los abogados que nos dedicamos a lo penal salimos de la facultad formados como defensores. Estamos pensando con un profesor que está trabajando conmigo tratar de buscarle una vuelta. Realmente en lo académico y en las facultades, tenemos que empezar a formar más objetivamente a los abogados porque después tenés jueces, y esto no es una crítica personal a nadie, pero a veces leemos sentencias y vemos que el juez es más defensor que juez”.
“Le digo a mis fiscales «nosotros somos objetivos», imparciales son los jueces. Tenemos ahora el desafío de que cada uno empiece a atender su juego, porque de la facultad salimos formados como defensores”, insistió y agregó: “(El abogado, doctor en Derecho Penal y profesor argentino) Alberto Binder lo plantea siempre: él dice que tenemos un sistema de garantías que hay que defender, lo democrático de derecho, nadie puede aceptar que se vulneren derechos y garantías, pero hay algo que tensiona ese sistema de garantías, que una pretensión punitiva efectiva. Es decir, fiscales investigando y pidiendo penas en representación de la víctima y del Estado”.
Para Vranicich “esa tensión está en desequilibrio” y citó al doctor en Sociología Marcelo Bergman: “Explica la criminalidad y señala que nosotros tuvimos un sistema de garantías que al salir de un gobierno militar era obvio que teníamos que tene. el peso mayor en el sistema de garantías, pero pasaron muchos años ya, es un momento de equilibrar la balanza, y poner en valor a las víctimas”, remarcó.
Balance
La fiscal general trazó un panorama de lo hecho este año. “Nuestro enorme desafío era sostener la baja clara de índices de violencias. Si bien hay un pequeño repunte de balaceras y de homicidios sigue siendo alentador y es prácticamente similar a 2024”, aseguró.
Consultada acerca de las razones que permitieron un descenso de la violencia, analizó: “Hablamos de multicausalidad –advirtió y desarrolló– Hay un cambio de política penitenciaria con mayores restricciones. Advertimos que los homicidios y las extorsiones eran iniciadas desde cárceles provinciales y nacionales. Esto ha variado, hay casos pero han disminuido. Hay más límites para ordenar delitos desde adentro y funciona a nivel preventivo”.
Por otra parte, señaló como otra causa “la incumbencia de la ley de microtráfico”, de la que indicó: “Ha sido tan útil al punto que fue un grano de arena para bajar los índices de violencia”.
Tras destacar que en 2025 se concretaron 99 derribos de bunkers de droga, resaltó que en estos dos años pasados hubo 12 mil personas investigadas por narcomenudeo y de ellas, 2500 imputadas, aunque “las que terminan privadas de la libertad es un porcentaje mucho más bajo”, admitió que intentan establecer por qué hay tanta violencia en Rosario cuando droga se consume en todo el mundo sin estos conflictos extremos.
“Advertimos, con buena onda, que los fiscales federales tienen que empezar a investigar otra cosa que el microtráfico, porque estamos nosotros para eso”, lanzó apuntando hacia la Justicia federal. “Hay eslabones superiores (en la venta de droga) que no están a los tiros evidentemente”, mencionó en ese sentido.
Y añadió: “Los delitos económicos van a ser priorizados cuando tengan relación con la circulación ilegal de dinero que venga de las violencias altamente lesivas. Ahora, va a ver una reformulación de la unidad de Económicos. Cuando investigamos narcotráfico vemos circulación ilegal de dinero, tenemos esa evidencia claramente, se la pasamos a la fiscalía federal. También las unidades de delitos económicos trabajan con las denuncias que presentan los empresarios. Es importante priorizar la multiplicidad de víctimas, la conmoción social, pero después de que equipos de fiscales investigan hay acuerdos”, apuntó.
Las bandas que no son banditas
Vranicich aseveró la fragmentación de las bandas criminales en el territorio. “Advertimos eso –afirmó–tenés un proveedor pilotea el barrio, baja, provee de drogas y armas a jóvenes cada vez más jóvenes. No es que se genera una banda grande sino pequeñas, con conflictos. Vemos fraccionamientos que generan violencia”, precisó.
En medio de este panorama, el MPA tiene como objetivo para el año que comienza profundizar en la prevención. “Tenemos que tratar de trabajar no solo de lo punitivo –y esto es de vanguardia, aclaró– sino lo disuasivo, la ley de microtráfico nos habilita”, sostuvo y ejemplificó: “Nos permite llamar a la persona en conflicto con la ley para imputar y decirle «Señor venga tenemos tres legajos con usted. Hasta acá llegó». Esto se ha aplicado en Estados Unidos y ha funcionado”.
“Pedimos al Ejecutivo contratar gente para microtráfico. Hoy tenemos un equipo de 22 personas con 5 fiscales con una unidad especial que vamos a presentar”, adelantó y resumió: “En tres meses citamos en libertad a 80 personas para trabajar en esta lógica, imputaciones en libertad para que se corran del delito violento”, explicó.
Jóvenes en el delito
Por otra parte, Vranicich fue consultada acerca de la participación de chicos menores de edad en estas bandas fraccionadas. “Absorbimos la justicia penal juvenil, se está trabajando bien”, consideró y quiso dejar en claro su postura: “Yo hablo como fiscal , desde la parte punitiva, aunque queremos ir a lo preventivo nos paramos como fiscales que damos respuesta inmediata a la víctima”.
¿Qué hacemos con un joven que vende y consume? “El código (procesal penal juvenil) es un nuevo abordaje sui generis. Antes, al joven no punible, no le tocaba un pelo, pero tampoco podemos no decirle nada. La herramienta de hoy –indicó –cuando el joven tiene menos de 16 años se lo lleva a audiencia ante un juez que le explica que ha cometido un delito”, dijo y recordó que se han dado 30 casos en los últimos 6 meses.
Aunque ese chico o chica no puede ser condenado sino que su situación es derivada a la secretaría de Niñez, la funcionaria valoró que se pueda “trabajar y explicarle al adolescente que se encuentre en una audiencia que lo que hizo está mal”.
