El debate por la reforma de la ley de Tierras que impulsa el gobierno nacional reavivó la discusión sobre la propiedad de las extensiones rurales en Argentina. En ese marco, la organización Fuerza Ancestral Indígena de Santa Fe se pronunució al respecto y criticó los alcances de la normativa.
La iniciativa deroga varios de los artículos centrales de la norma vigente, la ley 26.737, sancionada en 2011, y modifica distintos aspectos del régimen actual, con el argumento oficial de eliminar restricciones para favorecer las inversiones. Mientras el proyecto espera su tratamiento en el Senado, Rosario3 publicó los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales que permiten observar cómo está distribuida actualmente la propiedad extranjera sobre las tierras rurales del país.
Los indígenas santafesinos agrupados en la organización Fuerza Ancestral Indígena de Santa Fe emitieron un comunicado para expresar su postura al respecto. “Denunciamos que este proyecto representa un nuevo capítulo de la conquista sobre los pueblos originarios. Ayer fue la espada, el fusil y la masacre; hoy pretenden hacerlo mediante leyes escritas para beneficiar a quienes siempre se enriquecieron con el despojo.
“Nos quieren convencer de que defender la propiedad privada es defender la libertad. Pero jamás hablan de las tierras robadas a nuestros pueblos, de las campañas militares que sembraron muerte para apropiarse de millones de hectáreas ni de la deuda histórica que el Estado argentino mantiene con las naciones indígenas.
“Hablan de propiedad privada, pero callan sobre el robo histórico de nuestros territorios.
“Hablan de seguridad jurídica para los poderosos, mientras niegan justicia a quienes llevamos siglos reclamando el reconocimiento de nuestras tierras ancestrales.
“Esta ley pretende consolidar un modelo de país donde la tierra quede en manos de cada vez menos propietarios, donde el capital extranjero tenga vía libre para apropiarse del territorio y donde las comunidades indígenas sean tratadas como un obstáculo para los negocios”, manifestaron.
Por último, advirtieron: “Nuestros derechos son anteriores a la República, anteriores a sus códigos y anteriores a sus registros de propiedad. Somos pueblos preexistentes. No somos ocupantes. No somos intrusos. No somos un problema que deba ser eliminado para facilitar inversiones”.
“Cada intento de desconocer nuestros derechos encontrará la resistencia organizada de las comunidades indígenas y de todos los sectores comprometidos con la justicia, la democracia y la soberanía nacional”, apuntaron contra el gobierno central y añadieron dirigiéndose a los legisladores y legisladoras: “La historia juzgará a quienes decidan ponerse del lado del poder económico y no del lado de la Constitución Nacional y los derechos humanos”.
