El intendente Pablo Javkin presentó este jueves en el Concejo municipal de Rosario un proyecto para legalizar el funcionamiento de plataformas de movilidad como Uber, Cabify y DiDi. La propuesta, que cuenta con un fuerte respaldo de la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, busca adecuar la normativa local a las nuevas demandas ciudadanas, aunque ya despertó debates con la oposición. Desde La Libertad Avanza, el concejal Juan Pedro Aleart reclamó una habilitación lo más libre posible que incluya a las motos y revise las fuertes multas aplicadas a los conductores.
La llegada del texto al Palacio Vasallo ocurre en un contexto de uso masivo de las aplicaciones en la ciudad. En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), la concejala oficialista María Eugenia Schmuck valoró la iniciativa y confió en lograr consensos rápidos. "Regular no es darle vía libre a nadie, a ninguna empresa, es exactamente al revés, es ponerle reglas donde hoy no las hay, es saber quién maneja, qué condiciones tiene que cumplir, qué seguro debe tener el auto", explicó a Radio 2.
Uno de los puntos centrales del mensaje del intendente es la desregulación de los precios. La titular del Concejo detalló que se establecerá un valor mínimo; "ningún viaje por aplicación puede valer menos que un boleto de colectivo, es decir, 1720 pesos". A partir de ese piso, las aplicaciones, taxis y remises que se inscriban tendrán total libertad tarifaria.
No obstante, el valor fijado por el Concejo municipal seguirá vigente exclusivamente para los viajes que se tomen levantando la mano en la vía pública, modalidad que quedará reservada únicamente para los taxis y remises tradicionales.
Copy paste
Aleart celebró el tratamiento legislativo, pero criticó el accionar del municipio en los controles. "La realidad pasó por encima de cualquier capricho político", sostuvo el edil, quien detalló: "El municipio se lleva por año 2000 vehículos que trabajan con las aplicaciones, les cobra multas que superan largamente los 2 millones de pesos".
El representante de La Libertad Avanza señaló que el proyecto de Javkin "parece un copy paste" del que su bloque presentó a principios de año, pero cuestionó severamente sus limitaciones, ya que "deja afuera un universo de miles de personas que usan las motos de traslado de personas".
Además, exigió que la revisión de sanciones anunciada por el Ejecutivo abarque a todos los conductores afectados y no solamente a los taxistas y remiseros que utilizaron las plataformas.
Por su parte, un chofer de Cabify llamado Germán relató que trabaja con estas herramientas desde 2019 y afirmó: “A mí me alcanza para vivir". Sin embargo, denunció padecer una mala convivencia en la calle con el sector de los taxis: "A mí me conocen algunos, me han escrachado en redes sociales. He tenido circunstancias porque me reconocen el auto y después te encierran, viste, con los vehículos de ellos, te insultan, te buscan, te provocan".
Nivelar para abajo
José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), también habló con Radio 2 y apuntó contra la normativa que se encuentra en discusión y advirtió que blanquear el uso de las aplicaciones es nivelar para abajo, ya que implica la pérdida de miles de puestos de trabajo formales y genera una desregulación del mercado que impactará directamente en el bolsillo de los pasajeros.
El dirigente remarcó el descontento generalizado frente al inminente avance legislativo.”Desde ya, nosotros no lo vemos bien. Esto es precarizar aún más a todos los trabajadores, a los que hacemos taxi, a los que hacen Uber, a los que hacen Didi, es precarizar el sistema de servicios públicos, de transporte para abajo”, sostuvo Iantosca, marcando un claro contraste con quienes promueven la regulación de estas plataformas.
En ese sentido, hizo hincapié en el impacto laboral que tendrá la ordenanza a nivel local. El referente explicó que el rubro llegó a contar con cinco mil empleados anotados como corresponde bajo relación laboral, con obra social, aseguradora de riesgos del trabajo, aportes jubilatorios y derecho a indemnización. Sin embargo, alertó que ese escenario formal cambiará drásticamente hacia la irregularidad y precarización: “Van a pasar todos a trabajar en negro, precarizados o con suerte como monotributistas”.
Las tarifas dinámicas y el impacto en las urgencias
Otro de los puntos conflictivos que presenta el proyecto de ordenanza es el esquema tarifario. Si bien se prevé que ninguna plataforma podrá cobrar una tarifa mínima inferior al valor de un boleto de colectivo, no existirá un techo o tope para el valor máximo de los viajes. Iantosca se mostró especialmente preocupado por la aplicación de las denominadas tarifas dinámicas, manejadas por las propias empresas, sobre todo durante horas de la madrugada o ante situaciones críticas.
“Lo que me preocupa es qué va a pasar cuando una persona con una necesidad, con una urgencia, tenga que llamar a una aplicación a las tres, a las cuatro de la mañana y tenga que ir a un hospital, por ejemplo”, planteó el titular de Catiltar. Al respecto, y a modo de estimación sobre cómo operan estas empresas, advirtió: “¿Cuánto le va a salir un viaje de 10 mil pesos hoy en taxi? ¿Qué le va a salir? 20, 30 mil pesos, una persona que vive en un barrio, llevar su hijo, su hija al hospital de niños”.
Paralelamente a la discusión económica y laboral, los titulares de taxis consideran que al proyecto le falta precisiones respecto a los controles estatales. Una de las grandes dudas radica en la modalidad de viajes en dos ruedas. Según se precisó durante la charla, el servicio de aplicaciones para motocicletas no está contemplado para ser regulado en la normativa, por lo que continuará siendo un servicio ilegal pese a ser sumamente utilizado por los ciudadanos de Rosario en la actualidad.
A su vez, expusieron interrogantes sobre cómo la Municipalidad logrará fiscalizar a los nuevos actores del sistema para garantizar la seguridad de los usuarios. La principal inquietud radica en qué entidad o repartición controlará que los vehículos de las aplicaciones posean el seguro correspondiente para el transporte de personas, cuenten con la revisión técnica vehicular al día y que sus respectivos conductores dispongan del registro profesional habilitante exigido para cualquier transporte público.
