El Gobierno nacional avanzó ya este viernes con una de las medidas que Javier Milei había anunciado horas antes durante su mensaje por cadena nacional sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. A través del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se modificó el esquema de aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación del Ejecutivo por los proyectos de explotación petrolera que avanzan alrededor de las islas. En su discurso, Milei señaló particularmente al proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y sostuvo que la explotación offshore podría comenzar en los próximos meses. Según planteó, se trata de un nuevo riesgo para los intereses estratégicos argentinos porque implicaría avanzar sobre los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur.
El Presidente había anticipado que el Gobierno utilizaría herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para intentar disuadir a las empresas involucradas. También había adelantado que se acelerarían los procedimientos sancionatorios y que las medidas alcanzarían no sólo a las compañías directamente involucradas, sino también a accionistas, directores y proveedores.
Qué cambia con el nuevo decreto
Una de las principales modificaciones es que el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto pasa a ser la autoridad de aplicación de la Ley 26.659. El objetivo declarado es coordinar la política sancionatoria con la estrategia diplomática argentina respecto de Malvinas.
Además, todos los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional deberán informar a Cancillería, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, cualquier hecho del que tomen conocimiento que pudiera constituir una infracción a la normativa.
A partir de esa información podrá iniciarse un sumario. La empresa o persona señalada tendrá 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, mientras que la autoridad de aplicación deberá dictar una resolución fundada dentro de otros 10 días hábiles una vez cumplidas las etapas correspondientes.
La Ley 26.659 ya contempla sanciones importantes: quienes incumplan sus prohibiciones pueden ser inhabilitados para operar por un período de entre cinco y 20 años y, si poseen concesiones hidrocarburíferas, estas pueden ser revertidas al Estado nacional o a las provincias, según corresponda.
El decreto también parte de un dato señalado en sus fundamentos: desde la sanción de la ley, el Estado declaró ilegales las actividades desarrolladas por diez empresas en la plataforma continental argentina y ya dispuso la inhabilitación de algunas de ellas.
La nueva condición para entrar al Rigi
Desde ahora, quienes soliciten ingresar al régimen deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que el vehículo que llevará adelante el proyecto, así como las personas o sociedades que tengan una participación directa o indirecta en él, no incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.
Además, antes de resolver una solicitud de adhesión al Rigi, deberá intervenir la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 para determinar si existen conductas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
El Gobierno también modificó la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos para exigir una declaración similar a quienes quieran obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones. En el caso de sociedades, la declaración deberá abarcar también a quienes tengan participación directa o indirecta en ellas.
El decreto aclara que, para el Ejecutivo, esta exigencia no constituye un nuevo requisito esencial del Rigi, ya que el cumplimiento de la Ley 26.659 ya resultaba aplicable. Lo que hace ahora es incorporar expresamente el mecanismo de control y la declaración jurada al procedimiento de adhesión.
El argumento oficial es que el Estado no puede, por un lado, sancionar e inhabilitar a una empresa por desarrollar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas y, por otro, otorgarle beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y estabilidad normativa a través del Rigi.
El anuncio de Milei y el nuevo esquema de seguridad
El Presidente también anticipó un DNU para ampliar los recursos del ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones.
Además, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que buscará endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en las islas y extender las restricciones a sus proveedores. La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
En su discurso, Milei planteó además una definición más amplia de seguridad nacional, que incluye no sólo la defensa militar sino también la economía, las inversiones y el desarrollo de recursos estratégicos. Según el Presidente, la capacidad económica del país es una condición necesaria para poder defender sus intereses soberanos.
