El testimonio de Pablo Barra, un padre de Rosario que lleva más de siete años sin poder ver a su hija debido a una acusación que luego fue desestimada por la Justicia, sacó a la luz una trama alarmante en la provincia de Santa Fe. Un grupo de abogados penalistas denunció a tres psicólogas por presunta asociación ilícita, apuntadas por elaborar falsos reportes para obstruir de forma deliberada el vínculo entre progenitores y sus hijos. El caso, que suma cada vez más expedientes con llamativas similitudes, expone el daño institucional y emocional que sufren las familias afectadas.

En diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres), Pablo relató el difícil proceso que atravesó desde el año 2018. “Me explotó una bomba en el momento que supe de la denuncia y que no pude ver más a mi hija. Fueron 7 años en que literalmente transcurrí un calvario, me dejaron y me sentí absolutamente solo”, expresó el hombre, quien fue absuelto el año pasado de los cargos imputados.

Según detalló el propio damnificado en la entrevista, el proceso legal estuvo marcado por demoras sistemáticas que lo perjudicaron. “Comienza una investigación donde en primera instancia, menos de un año, la fiscal decide archivar la causa”, explicó Barra, pero luego los plazos se dilataron injustificadamente por lo que calificó como una impericia del sistema. A pesar de haber sido absuelto en un juicio penal, el Ministerio Público de la Acusación apeló la resolución, estirando aún más la agonía. “Nadie piensa en los chicos. Es mucho tiempo. Hoy yo creo que no hay una Justicia que alcance para mi hija”, lamentó.

     

La situación de Pablo no es un hecho aislado. En septiembre del año pasado, un equipo de letrados que incluye a Viviana Cosentino, el exministro de Justicia Juan Lewis, la excamarista Carina Lurati y el abogado José Nanni, entre otros, presentó una denuncia por falso testimonio agravado contra tres psicólogas. La presentación señala que las profesionales, identificadas con las iniciales P.B.A., G.R.S. y N.V.A., utilizaban descripciones idénticas y copiadas de manera textual para distintos pacientes infantiles, asimilándose a "formularios prearmados".

Estos reportes, elaborados sin entrevistar previamente a los padres acusados, resultaban determinantes para que los jueces ordenaran la restricción de acercamiento o impulsaran los procesos penales. En el análisis de la información periodística del programa, se mencionó otro caso similar. Se trata de la situación de Mario, un hombre denunciado en febrero de 2022 y sobreseído en enero de 2025 sin siquiera llegar a juicio. En esa oportunidad, el juez Nicolás Foppiani cuestionó con dureza el criterio de la investigación y las bases de los informes psicológicos presentados.

La causa penal contra las profesionales de la salud mental recayó en la fiscal Guillermina Aiello, quien ya comenzó a relevar los datos aportados. Los abogados sostienen que, además de los ocho expedientes judicializados, tienen bajo análisis más de 15 situaciones con características idénticas en la región.

Mientras la Justicia evalúa el accionar de las psicólogas, los padres que lograron demostrar su inocencia continúan batallando en los tribunales de familia para recomponer la relación con sus hijos, en expedientes que corren por carriles separados. Para Barra, el inminente fin de su proceso penal no significa el cierre definitivo de su padecimiento. “Lo penal terminaría todo, pero después viene el derrotero de familia, que es algo que también venimos diciendo y venimos luchando”, concluyó el padre rosarino, a la espera de un fallo que le permita recuperar el tiempo perdido.