Tras haber conseguido que el Senado diera media sanción a la ley de Modernización laboral, el gobierno de Javier Milei se anotó otro triunfo legislativo al lograr la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley Penal Juvenil, que incluye la baja de edad de punibilidad de los 16 a los 14 años entre otras modificaciones.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional salió en la Cámara baja por 149 votos a favor y 100 en contra. El proyecto deberá ahora ser analizado y aprobado por el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, la mayor parte del interbloque Unidos y bloques provinciales.
El capítulo referido a la asignación presupuestaria fue votado de manera nominal a pedido del Frente de Izquierda y el interbloque Unidos, y resultó aprobado con 135 votos afirmativos, 100 negativos y 13 abstenciones.
El proyecto había sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias a fines de enero, tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La madre del joven asesinado por menores estuvo presente durante el debate en el recinto.
Si el tema obtiene la sanción en el Senado, el nuevo régimen reemplazará la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, vigente desde 1980, durante la última dictadura.
La iniciativa también incluye medidas alternativas a la prisión para delitos con penas menores, como programas educativos, laborales y recreativos; prisión domiciliaria o en institutos especializados; mediación penal y suspensión del juicio a prueba en determinados casos.
Durante más de ocho horas de sesión, oficialismo y oposición protagonizaron un intenso debate. La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la reforma al señalar que la ley vigente es “ineficiente” y no previene ni repara a las víctimas. “Es un gran paso para la Argentina”, afirmó.
Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz calificó el proyecto como un “mamarracho jurídico” y defendió una propuesta alternativa que mantiene la punibilidad entre los 16 y 18 años, con una pena máxima de 10 años para delitos graves.
También Germán Martínez cuestionó que no se incorporaran aportes de organismos como la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.
El Frente de Izquierda rechazó la reforma por considerarla “punitivista”. Myriam Bregman advirtió que otorgará “más facultades a la policía para hostigar a los pibes en los barrios”, mientras que Romina del Plá sostuvo que la baja de edad podría incentivar a las bandas narco a reclutar niños aún más jóvenes.
En respaldo del proyecto, Cristian Ritondo (Pro) sostuvo que se trata de un debate “postergado por décadas” y que la reforma brinda “herramientas clave” ante delitos graves. En la misma línea, Miguel Pichetto apoyó la baja a 14 años aunque expresó dudas sobre la efectiva transferencia de fondos para su implementación en las provincias.
Desde Santa Fe, Gisela Scaglia consideró que la ley puede funcionar como un “resguardo” frente al reclutamiento narco, mientras que Nicolás Mayoraz (LLA) afirmó que la reforma busca “devolver la justicia y reconocer una realidad”.
El proyecto será enviado ahora al Senado, donde el oficialismo intentará convertirlo en ley antes del 1° de marzo. De ser aprobado, entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
